Seguridad

Autoridades de la Armada Boliviana y de la Policía informaron este lunes sobre la aprehensión de seis efectivos militares y la recuperación de la mayor parte del armamento sustraído de un batallón “Independencia” en el departamento de La Paz.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche en el batallón ubicado en la localidad de Huarina. En el material sustraído se contabilizaron cuatro fusiles FAL, cuatro fusiles AKT-56, 3 escopetas Morber, una escopeta Gas-Gum, cinco pistolas de calibre 9 milímetros de varios modelos y 250 cartuchos de munición de calibre

La Fiscalía activó una investigación por el robo de dinero y relojes registrado en el domicilio donde habita la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, tras una denuncia presentada el sábado. El caso se encuentra en etapa inicial y se trabaja en la identificación de los responsables mediante cámaras de seguridad.

“Se ha recibido una acción directa (…) y se ha establecido que en el domicilio de la ciudadana Eva Copa se hubiera efectuado un robo. (...) Se ha pedido de forma inmediata las requisas de las cámaras del domicilio”, informó el fiscal Marco Antonio Araníbar.

La Armada Boliviana reportó este domingo la sustracción de armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, ubicado en la localidad de Chua Cocani, en el departamento de La Paz. El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de abril y motivó la activación de un operativo de emergencia institucional.

La Oficina de Derechos Reales (DDRR) de la ciudad de El Alto inició este domingo un plan de acercamiento ciudadano con la realización de la Primera Feria Informativa sobre Trámites Registrales, desarrollada en la plaza Bolivia de Ciudad Satélite, donde decenas de personas acudieron para recibir orientación sobre distintos procedimientos vinculados al registro de bienes y derechos propietarios.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, presentó este viernes su renuncia irrevocable al cargo, argumentando dificultades de coordinación que le impidieron alcanzar resultados urgentes en su gestión.

“Es básicamente algunas situaciones de coordinación que no me han estado permitiendo llegar a algunos resultados urgentes como se necesitaba. Por ese motivo es que estoy pidiendo mi renuncia irrevocable”, argumentó.

La justicia determinó la detención domiciliaria sin salida laboral para el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso coimas.

“El juez determinó la cesación a la detención preventiva, favoreciéndolo con detención domiciliaria que deberá cumplir en Oruro”, informó el abogado Abel Loma a ERBOL.

El viceministro Hernán Paredes informó que la Fiscalía recibió la tercera caja fuerte con objetos vinculada al caso de Sebastián Marset y detalló que la Policía presentó una denuncia para hallar a los responsables de no haber cumplido o haber alterado la cadena de custodia.

“Ayer el comando de la Policía boliviana ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público y está siendo procesada. (…) Ha habido la recepción de la caja (fuerte) por parte de la Fiscalía y está en investigación ese proceso”, afirmó la autoridad.

Una persona de sexo masculino, de 47 años, falleció trágicamente, a consecuencia de un incendio estructural registrado en una vivienda del municipio de Achocalla.

El incendio afectó tres ambientes. Se movilizó a personal de Bomberos que trabajó en el lugar junto con vecinos para sofocar las llamas, informó el subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro.

Una maestra de 66 años, con 35 años de servicio en el sistema educativo y sin antecedentes por maltrato a estudiantes, enfrenta ahora un proceso penal. La denuncia fue impulsada por una madre de familia de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, quien presuntamente utilizaría a sus hijos para acusar a docentes y luego buscar “acuerdos económicos”, denunció el abogado de la profesora ahora imputada, Abel Loma.

Dos exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron enviados a prisión tras ser hallados culpables de manipular datos y propuestas económicas en un proceso de contratación en la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de favorecer a una empresa constructora en Cochabamba.