Más de tres semanas luego de las explosiones en el regimiento Bolívar de Viacha, el Ministerio Público ha entregado los restos de seis soldados a sus familias, luego de verificar su identidad mediante pruebas genéticas.
El acto fue realizado en la morgue de la ciudad de La Paz, donde los restos se encontraban en ataúdes para ser entregados a las familias.
El Ministerio Público solicitó a la justicia la revocatoria de la detención domiciliaria para Tatiana Marset, después un presunto incumplimiento de las condiciones impuestas para la medida cautelar.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, detalló que el pedido contempla de aplicar medidas cautelares más gravosas, incluida la detención preventiva.
La polémica surge tras versiones de que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, había sido vista en la Expocruz y en un remate de ganado.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ha salido en público a defenderse tras ser sancionado por Estados Unidos, con el retiro de la visa por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
“No vamos a permitir injerencias o, en todo caso, influencias políticas sean internas o sean externas. La labor del Ministerio Público va a continuar, estamos unidos y por ende fortalecidos para poder realizar nuestra labor investigativa”, aseguró Zeballos.
Una mujer de 25 años se presentó voluntariamente ante la Policía en la localidad de Chulumani, en los Yungas, y confesó la muerte de su bebé de siete meses, cuyo cuerpo había enterrado con anterioridad.
La información fue proporcionada por la abogada defensora, Mónica Irusta, quien relató que la mujer habría acudido a la Policía y colaboró con los investigadores para indicar el lugar donde se encontraba el cuerpo de la menor.
Según Irusta, su defendida sostiene que la muerte ocurrió el 21 de septiembre en la vivienda que alquilaba en la zona de Munaypata, en La Paz.
La Policía informó la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas al asesinato de Freddy González Bazán, de 29 años, ocurrido el 17 de septiembre en Riberalta, Beni. Según la investigación, los implicados tendrían relación con el Comando Vermelho (CV).
El vicepresidente Edmand Lara rechazó la posibilidad de que el fiscal general Roger Mariaca sea apartado del cargo, pese a que el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó por presunta corrupción y recibir sobornos de narcotráfico. Pidió no actuar en función a listas extranjeras.
"... no podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista. Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas", expresó Lara mediante un comunicado.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, pidió este lunes a Estados Unidos respetar la soberanía de Bolivia y no interferir en el trabajo de sus instituciones, tras la medida adoptada por ese país en su contra por presunta corrupción significativa.
“Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre estados, interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó Mariaca, quien sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros países y espera el mismo trato hacia sus instituciones y autoridades.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló que los jueces son responsables de las resoluciones que emiten y deberán responder si se abre una investigación sobre alguna actuación, tras las sanciones de Estados Unidos contra el fiscal general Roger Mariaca y otros funcionarios bolivianos, entre ellos jueces.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de ciudadanos bolivianos, a los cuales ha sancionado a 12 ciudadanos bolivianos, además del fiscal general Roger Mariaca, con restricción de su visa y de sus familiares.
La medida se asume dentro en el marco del Escudo de las Américas, del que es parte Bolivia en alianza con el Gobierno de Donald Trump.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos de “corrupción significativa”, relacionada al narcotráfico y ayuda a delincuentes violentos.
La sanción implica restricciones para el ingreso de Mariaca y su familia a territorio estadounidense.
Según un comunicado del Gobierno estadounidense, Mariaca “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
