El abogado Gerardo Gianni Prado, que patrocinó la petición de víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso denominado "terrorismo", aseveró que el caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que se emitirá una sentencia contra el Estado boliviano que obligará a la reparación, investigación y otros aspectos.
El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal estableció la legalidad en la aprehensión del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), César Apaza, y permitió además que sea valorado por un médico forense.
Según el abogado Dayner Quispe la autoridad jurisdiccional declaró el incidente presentado "infundado" debido a que tiene la atribución de poder ejecutar una orden de aprehensión “en cualquier horario”.
Una banda de atracadores internacional fue desarticulada en el departamento de Tarija. Se trata de una organización que se encontraba integrada por el mayor Julio C. J., quien era comandante regional de la Policía en Bermejo, y el sargento primero Lindolfo C..
El grupo criminal se denominada “Los Botudos” y lo conformaban ciudadanos bolivianos y argentinos. Fue desarticulada tras un robo agravado a una casa de cambios donde se sustrajeron $us 50 mil el pasado 21 de septiembre, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Lizeth Beramendi, presentó denuncia ante la Fiscalía por presunto cohecho que se habría cometido en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber recibido una dádiva de una cooperativa aurífera y luego otorgarle la reserva de cuadrículas mineras.
Un nuevo uniformado fue dado de baja. Se trata de teniente coronel de la Policía Mirko Guerrero Paredes quien fue vinculado a los hechos relacionados al motín, durante la crisis política y social de 2019, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La decisión se encuentra contemplada en una misiva enviada por el presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, coronel Marcelo Flores, al comandante de la Policía, general Orlando Ponce.
Pedro Callisaya Aro juró este martes como nuevo Defensor del Pueblo. Reconoció que existen críticas a la forma en que fue designado, pero planteó que su desafío es recuperar la credibilidad de la entidad defensorial y que en la gestión demostrará cuál es su identidad.
Tras conocerse el informe de la CIDH sobre vulneraciones a los derechos humanos de implicados en el denominado caso “terrorismo”, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) anunció que emprenderá un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por asesinato y otros delitos, mientras que desde el MAS la posición es ampararse en la “soberanía” para evitar cumplir las recomendaciones del organismo.
La Fiscalía en Estados Unidos cambió el tipo de acusación contra el exministro Arturo Murillo, por el caso gases lacrimógenos, con lo cual se declarará culpable para enfrentar una sentencia de hasta seis años de prisión, informó la Procuraduría General del Estado.
Murillo debía ir a juicio por este caso en noviembre, sin embargo, la Fiscalía de EEUU presentó el cambio de acusación, con la cual el exministro aceptaría los cargos por lavado de dinero y soborno, indicó el procurador Wilfredo Chávez.
El ciudadano Jaime F.A. fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, después de que fue denunciado de presionar a una juez usando indebidamente el nombre de autoridades judiciales y políticas, con el objetivo de favorecerse con una sentencia.
La información fue proporcionada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien indicó que se realizó una acción directa en el juzgado público civil y comercial sexto por este caso.
Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que se debe investigar penalmente a los responsables de las graves violaciones a los derechos de cinco implicados en el denominado caso “terrorismo”, el abogado Gary Prado, que hizo seguimiento a ese proceso, identificó a más de una decena de personas que deberían ser investigadas, empezando de Evo Morales, Álvaro García Linera, Betty Yañiquez, entre otras exautoridades.
