La Fiscalía en Estados Unidos cambió el tipo de acusación contra el exministro Arturo Murillo, por el caso gases lacrimógenos, con lo cual se declarará culpable para enfrentar una sentencia de hasta seis años de prisión, informó la Procuraduría General del Estado.

Murillo debía ir a juicio por este caso en noviembre, sin embargo, la Fiscalía de EEUU presentó el cambio de acusación, con la cual el exministro aceptaría los cargos por lavado de dinero y soborno, indicó el procurador Wilfredo Chávez.

El Procurador señaló que con esta decisión, la declaratoria de culpabilidad de Murillo es inminente y espera que sea en breve. Para ello se convocará a audiencia y se emitirá la sentencia.

Murillo enfrentaba una condena de hasta 20 años de cárcel, pero con este giro en el caso su sentencia sería de hasta seis años de prisión.

Chávez dijo que la Fiscalía de Estados Unidos tiene la posibilidad de llegar a acuerdos y no se pueden oponer a ello. Resaltó que con esta decisión se está ahorrando la realización de un juicio.

Detalló que en la nueva acusación se sindica a Murillo de haber conspirado junto a Sergio Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philipp Lichtenfeld, para violar la norma de EEUU.

Asimismo, la acusación dispone el decomiso a favor de los Estados Unidos de bienes de Arturo Murillo, así como la entrega real de cualquier propiedad involucrada en el delito de conspiración para lavado de activos.

También la acusación requiere la entrega de 532 mil dólares, suma involucrada en la conspiración y obtenida por el acusado, señaló Chávez.

El Procurador agregó que la sentencia que recibirá Murillo en esta modalidad es inapelable, puesto que se somete de manera voluntaria.

Murillo está detenido en EEUU desde mayo de 2021, acusado de beneficiarse de soborno a cambio de la contratación de la empresa Bravo Tactical Solutions para la provisión de gases lacrimógenos, durante el Gobierno transitorio. Los otros cuatro implicados ya se declararon culpables.

El Estado boliviano también lleva adelante otro proceso en EEUU, de tipo civil, con el objetivo  de recuperar el daño económico en este caso, debido al sobreprecio en la compra de los gases.