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El Gobierno convocó este jueves a los dirigentes Freddy Machicado y Arnold Alanez, ambos presidentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), a un dialogo para dar solución al persistente conflicto cocalero.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, hizo conocer el anuncio después del frustrado encuentro del pasado lunes en el Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral y los enfrentamientos con la Policía.

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz ratificó este miércoles que el Censo Nacional de Población y Vivienda deba realizarse en 2023 y dio dos plazos para conocer la información que se tiene maneja sobre el proceso y para abrogar el Decreto Supremo 4760.

Según el acta acordada, la primera fecha que se dio fue el 26 de agosto donde se “exigió” al Gobierno la información desagregada del Instituto Nacional de Estadística (INE) “para que el equipo técnico del Comité Interinstitucional conozca y trabaje en virtud de esos datos”.

A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe y recomendaciones sobre los hechos de 2019, víctimas de vulneraciones a los derechos humanos coincidieron que existe un abandono estatal, además de un incumplimiento a los compromisos en materia de reparación integral. Asimismo, rechazaron ser usadas como “bandera política”.

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Carlos Alarcón, presentó un proyecto de Ley de Distribución Equitativa de los Recursos Públicos Destinados a la Propaganda y la Publicidad Estatal, cuyo objetivo es que se establezcan parámetros para que medios de comunicación sin excepción tengan acceso a la pauta publicitaria del Estado, evitando una administración arbitraria.

Pese a que el conflicto cocalero persiste, desde la mañana desde miércoles al menos dos funcionarios de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin) comenzaron a realizar la atención en el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) de Villa Fátima.

El viceministro de Justicia, César Siles, afirmó este miércoles que la intención del Gobierno es aprobar los más antes posible la política plurinacional y una ley de reparación integral a favor de víctimas de las masacres de 2019 y de las dictaduras.

“Nos encontramos en una situación de absoluta indefensión ciudadana y de impotencia, porque no se puede decir nada en un país donde el Gobierno del MAS controla absolutamente todo, la Fiscalía, el sistema judicial y la Policía”. Así el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, expresó su frustración porque a más de dos años de la quema de su casa, no encuentra justicia y persiste en un proceso penal en el cual considera que existen irregularidades y protección a los acusados.

Los cocaleros movilizados en La Paz conformaron un Comité de Autodefensa, el cual otorgó un plazo hasta el jueves para que se cierre el mercado paralelo de coca de Villa El Carmen o, en su defecto, responsabilizó al Gobierno por las consecuencias.

El Comité de Autodefensa fue conformado después de que fracasó el intento de diálogo el lunes. Los cocaleros consideran que fueron burlados, por la ausencia del Ministro de Desarrollo en la reunión.

Lorgia Fuentes, quien estuvo procesada y cautelada en 2020 a causa de información difundida por el periodista español Alejandro Entrambasaguas, cuestionó el manejo que entonces realizaron medios de comunicación sobre su caso. Calificó la situación como de “bochornosas orgías mediáticas”. 

En un texto enviado a este medio, Fuentes recordó que en febrero de 2020, se difundió la información de que Entrambasaguas había presentado en la Fiscalía pruebas en su contra.

Un día después de la reunión de socialización del proceso censal en Santa Cruz, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, afirmó que con los “dos paros exitosos” se logró que Gobierno pueda revisar la postergación de la fecha del Censo.  

La autoridad recordó que el Gobierno “arbitrariamente” decidió reprogramar la fecha y que por ese motivo Santa Cruz se organizó y respondió con medidas de presión que buscaban que se retroceda en la decisión de llevar la encuesta en 2024.