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El presidente Rodrigo Paz consideró la toma del Ministerio de Trabajo por parte de sindicalistas como un hecho de violencia que no se puede aceptar. Enfatizó que el Gobierno busca dialogar y rechazó que se recurran a actitudes violentas.

La toma de Ministerio de Trabajo se produjo el miércoles por parte de dirigentes fabriles. La Policía intervino y atrapó a 13 personas para conducirlas a celdas, sin embargo, la Central Obrera Boliviana se movilizó para pedir la liberación de sus afiliados.  

En el acto de posesión de su gabinete, el gobernador Luis Revilla informó este jueves que ha reducido la estructura organizacional del Gobierno Departamental de 11 a cinco secretarías.  

Como ejemplo mencionó que había una Secretaría Jurídica, cuando en realidad debería ser una dirección de apoyo a las unidades estratégicas.

“Hemos encontrado una gobernación desordenada, con una estructura con muchas cabezas y muy poco cooperativas”, acotó el gobernador.

La Ley 1720 ha generado un foco de conflicto para el Gobierno. La norma es rechazada por sectores indígenas, campesinos y sindicales, porque consideran que afecta a las pequeñas tierras; mientras que el sector agro del oriente ya se ha pronunciado en defensa de la ley y advierten con medidas de presión progresivas.

El alcalde César Dockweiler presentó este miércoles a su gabinete de secretarios municipales y de subalcaldes, que lo acompañarán durante su gestión.

Entre los posesionados se encuentra Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien ahora es Secretario Municipal de Gestión Inteligente. El mismo estuvo encarcelado preventivamente por el caso denominado fraude electoral de 2019. El proceso posteriormente fue archivado por el Ministerio Público.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este miércoles que el Gobierno firmó un acta de coordinación y trabajo con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) sobre la Ley 1720 y abrió la posibilidad de revisar la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que ha suscrito una alianza con organizaciones de campesinos, interculturales y originarios para encarar el conflicto frente al Gobierno.

Dijo que se trata de un “pacto de no traición”, donde sus integrantes tendrán el mismo peso para tomar decisiones.

En el anuncio, el ejecutivo de la federación de campesinos Tupak Katari de La Paz, Vicente Salazar enfatizó que el pedido de las provincias es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, reveló la planilla anual de los trabajadores que se encuentran en “comisión” en representación de organizaciones sindicales, la cual alcanza a 47 millones de bolivianos. Incluso, señaló que podría llegar a 70 millones en todo el país porque existirían casos no registrados y declaraciones salariales parciales.

La declaratoria en comisión favorece a dirigentes sindicales, para que cobren el 100% de sus haberes y beneficios sociales mientras desempeñen sus funciones de representación obrera, según el Decreto 4710 de 2022.

El diputado Carlos Alarcón denunció una supuesta “estafa” en la gestión de los carburantes y responsabilizó tanto a la gestión de Armin Dorgathen como a la de Yussef Akly en Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) por la continuidad y ampliación de contratos.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, denunció que existe una “guerra sucia” de desprestigio a la dirigencia sindical, así como una “persecución política”, liego de que fue cuestionado por su salario mensual.

El dirigente respondió al ministro de Trabajo, Édgar Morales, quien calculó que el dirigente gana unos 27 mil bolivianos al mes, incluyendo sus bonos.

El expresidente Evo Morales se ha pronunciado después de conocerse que el Gobierno indagará en Estados Unidos una supuesta participación suya en el narcotráfico y que, además, se ha fijado fecha de su juicio por trata de personas.

Denunció que una "guerra jurídica" y una "brutal persecución judicial y mediática" en su contra por parte del Gobierno. Según afirmó, el objetivo sería aniquilarlo moral y físicamente con "causas armadas".