El bullicio es incesante en el patio, cerca de la vieja Capilla y de la puerta principal del penal de San Pedro. Cada uno de los internos tiene su propia historia, muchos ya definida con una sentencia y otros, ven pasar el tiempo esperando el fallo que vaya a definir su suerte.

Entre ellos está José (nombre convencional), de 28 años, sentado en una de las últimas bancas de madera del templo, frotándose incesantemente las manos como si tuviera frío. Está acusado de homicidio y detenido preventivamente desde hace cuatro años.   

Parece ya resignado a permanecer entre rejas con un futuro incierto por la forma como cuenta un poco de su vida. Sin embargo, a pesar de encontrarse en esa situación, se aferra a su fe en Dios a quien dice dejar en sus manos su destino.

Su proceso no cuenta con sentencia ni una definición clara. La defensa pública que ofrece el Estado, a la que acudió por falta de recursos económicos, apenas lo acompaña lo que hace que sea lento su proceso.

“Me siento muy vulnerado (en mis derechos), triste y solo. No sé cuál será la salida (a mi caso)”, lamenta con la voz baja y la mirada cabizbaja mientras busca entre sus recuerdos momentos pasados al lado de sus padres, en su añorado pueblo de monte y calor sofocante, en el norte de La Paz.   

El caso de José no es aislado, porque como él muchos permanecen con una detención preventiva interminable, algo ya que fue normalizado en el sistema penitenciario boliviano y que unos de los factores del hacinamiento carcelario. 

Los datos son por demás alarmantes: 6 de cada 10 personas privadas de libertad no tienen sentencia. Permanecen tras las rejas bajo la figura de la detención preventiva, cuya medida por ley debería ser excepcional y temporal, pero en la práctica, se ha considerado en una condena anticipada. 

Organismos de derechos humanos advierten que esta situación vulnera el principio de presunción de inocencia y agrava el hacinamiento en las cárceles. San Pedro, uno de los penales más antiguos y poblados, refleja esa realidad: conviven en sus pabellones quienes ya cumplieron condena y los que esperan una condena o absolución.

El Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N°1173 desde 2019, establece límites claros: la detención preventiva no puede superar 12 meses sin acusación ni 24 meses sin sentencia. 

Datos de la situación carcelaria

En Bolivia, existen 32.035 personas privadas de libertad en 46 centros penitenciarios, 20 de ellos se encuentran en áreas urbanas y 26 en zonas rurales. El hacinamiento en la actualidad es del 105%, una cifra alarmante y que difícilmente puede disminuirse en los gobiernos de turno.

Un informe de la Defensoría del Pueblo titulado Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad revela que hasta el final de la gestión 2024, en los centros penitenciarios urbanos y rurales del país, se tenía el registro de 9.520 jóvenes privados de libertad, entre 18 y 28 años, representando el 29,76% de la población penitenciaria.

Las cifras toman cuerpo y carne cuando se escuchan las historias de quienes viven la espera entre muros y barrotes. Junto a José, se encuentra Gustavo, de 27 años, quien fue detenido por violación.

Cumple una sentencia de 12 años, pero asegura que durante más de ocho meses pasó sin saber de qué se le acusaba y el avance de su proceso.

La falta de información y el desconocimiento sobre los derechos que tienen es el problema recurrente en los jóvenes que llegan a parar a la cárcel.  

Socialización del decreto de indulto en un penal de Cochabamba. Foto: DGRP

Esta situación se suma a la carga procesal que tienen los juzgados. Un estudio titulado Estado de la Justicia en Bolivia 2024 de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos estableció que, en promedio, los juzgados y tribunales –de acuerdo a materia– logran resolver apenas el 41,8% de las causas. 

Si se toma en cuenta la cantidad de causas resueltas en relación al número de casos a nivel nacional, el porcentaje de resolución asciende al 52,43%. Es decir, poco más de la mitad de los procesos iniciados en el país llegan a una conclusión.

Para el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, esta problemática no es ajena. De hecho, advirtió que hay un “uso abusivo” de la detención preventiva, lo que provoca no solamente hacinamiento y sobrepoblación sino debilitamiento de la seguridad jurídica.

En pasadas semanas entró en vigencia el Decreto Presidencial 5460, el cual busca conceder indultos a reclusos con condenas por delitos menores y disminuir el hacinamiento en las cárceles de Bolivia.

Los beneficiados serán los privados de libertad que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada “igual o menor a diez años, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena”.

También llega a los reos con sentencia igual o menor a 12 años que hayan cumplido al menos una tercera parte de la condena y en los casos de privación de libertad igual o menor a 15 años “que haya cumplido al menos la mitad de la sentencia”.

En un acto de socialización del decreto de indulto, desarrollado a fines de octubre, el entonces director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoció la problemática carcelaria que se vive actualmente lo que genera el hacinamiento. 

No obstante, ve un avance el decreto y la revisión de los casos que dispuso el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hace meses atrás.

Cerca de la puerta de la capilla se encuentra Damián, de 28 años, otro interno de San Pedro. Lleva cuatro de diez años purgando una sentencia por tráfico de sustancias controladas cuando en realidad dice que consumió 19 gramos de marihuana.

Damián se considera otra víctima de la excesiva detención preventiva, pues cuando fue recluido en San Pedro, estuvo casi ocho meses en la incertidumbre y a la espera de que se defina su caso en un juicio.      

Molesto por la situación en la que se encuentra, asegura que le hicieron “la maldad” para inculparlo. Responsabiliza a los administradores de justicia y a los verdaderos traficantes de droga de dejarlo tras las rejas.

“A los grandes lo liberan, yo no tengo plata y por eso me han sentenciado”, se lamenta y recuerda que cuando fue detenido en 2021, fue abandonado a su suerte sin información ni recursos para contratar a un abogado.

Damián ve al indulto con escepticismo y desconfía de la justicia por la mala experiencia que le tocó vivir al igual que gran parte de sus compañeros que ven pasar el tiempo bajo un sistema penitenciario que urge un cambio estructural.   

“Hay que cambiar la justicia desde arriba, porque hay mucha corrupción”, reclama.

Si bien el decreto puede incidir en la población penitenciaria, para el Defensor del Pueblo considera no es la solución de fondo. Habla que hay temas pendientes en cuanto a la política criminal y penitenciaria para reducir la detención preventiva excesiva que llega a casi el 60% de la población recluida.

“Esta ley de indulto solamente va a beneficiar a este 40%, es decir, que hay un grueso de la población que está con detención preventiva, que no va a tener acceso a esta ley de indulto, entonces, por eso decimos que es un parche más para un tema grande de la problemática penitenciaria”, cuestionó.

Los delitos más frecuentes de la población juvenil en Bolivia son: el robo y robo agravado con 1.701 casos (17,87% del total), seguidos de los delitos de la Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con 1.685 casos (17,70%); y la violación de niño, niña o adolescente (NNA), con 1.386 casos (14,56%).

Por la alta proporción de delitos relacionados con la Ley 1008, Callisaya plantea serias interrogantes sobre la criminalización de consumidores o microtraficantes y la desproporcionalidad de las penas impuestas. En ese sentido, demanda que el Estado adopte un enfoque que priorice la salud y la reinserción social de los jóvenes privados de libertad, trascendiendo el punitivismo.

El caracterizado por el hacinamiento extremo (117% en centros urbanos y 65% en provinciales), la falta de servicios esenciales como la atención médica adecuada y la desatención de la salud mental y las drogodependencias, obstaculiza gravemente la rehabilitación y reinserción social efectiva de los jóvenes.

Las historias de José, Gustavo y Damián en la cárcel de San Pedro de La Paz son solo una muestra de la realidad en las cárceles. 

Cada número del sistema penitenciario boliviano representa una vida suspendida, una historia en pausa y mientras el Estado discute soluciones temporales, las cárceles del país siguen llenas de personas que esperan sin saber si algún día saldrán por la puerta o solo en los registros de otro informe más.

///Por: Ángel Efraín Guarachi Coyo