En el marco de las investigaciones por el presunto “golpe de Estado” y los hechos luctuosos de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, las Fuerzas Armadas colaborarán a cualquier requerimiento de la Fiscalía u otra instancia, afirmó este miércoles el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Estos hechos son investigados por separado pero vinculan a las Fuerzas Armadas por su participación en diferentes momentos que desencadenaron en los hechos de convulsión social de 2019, antes y después de las elecciones anuladas de 2019.

En rueda de prensa, Novillo garantizó que se dará “toda la información” que requiera cualquier instancia en el marco de establecer la verdad histórica de los hechos.  

“Todo requerimiento fiscal, ante cualquier institución y cualquier persona, estamos en la obligación legal de responder a la Fiscalía sobre toda la información que nos soliciten y nos pidan y obtengamos en nuestra institución y eso se lo va a hacer”, remarcó.

El 25 de febrero, la Fiscalía emitió un requerimiento al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para que se identifique a los coroneles y generales que acompañaron al entonces comandante en jefe de las FFAA, general Williams Kaliman Romero, en la conferencia de prensa donde se “sugirió” la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre 2019.

En el marco de las investigaciones por los hechos luctuosos de Senkata, El Alto, el general de las FFAA en retiro Luis Fernando Valverde, que asumía como director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se encuentra imputado. Mientras que el caso de Sacaba, Cochabamba, el excomandante departamental de la Policía, coronel Jaime Zurita, tiene medidas sustitutivas.

“Quiero decirles que el Comando Militar está comprometido para apoyar todo el tema de lo sucedido tanto en los hechos del golpe de Estado como también en los hechos sangrientos de Senkata y Sacaba”, añadió Novillo.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  (GIEI), inició un proceso de investigación sobre los hechos ocurridos en Bolivia antes y después de las elecciones anuladas de 2019, lo que desencadenó en la renuncia del expresidente Morales.   

Entre los requerimientos que se prevé que se soliciten a las FFAA son informes de los operativos policiales-militares que se ejecutaron en 2019.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presente aquí en Bolivia, está investigando de manera imparcial todos estos hechos, hay un requerimiento de más de 20 puntos que han pedido a las FFAA para que estas puedan responder en forma clara precisa documentada”, añadió.

La labor del GIEI inició mediante un acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019.

Durante los meses de violencia, en Senkata, El Alto, perdieron la vida unas 10 personas por impacto de bala, mientras que en Sacaba, Cochabamba, otras 10, en medio de los operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las protestas.