Omar Escobar Mamani                                    

Un ministro, magistrados, vocales, jueces y fiscales aparecen mencionados en el caso “consorcio”, una trama que, antes de estallar ante la opinión pública, recorrió un camino de llamadas, presiones, reuniones privadas y acuerdos no escritos, según las declaraciones a la que tuvo acceso Erbol.

El caso salió a la luz pública el 12 de junio de 2025, cuando se detuvo a un juez de provincia acusado de intentar dar un “golpe” a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin embargo, los testimonios dan cuenta de una red de influencias de alto nivel, además de una pugna por espacios de poder en la administración judicial.

La historia comenzó meses antes, en enero, cuando Yvan Córdova asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Un nombramiento que, lejos de ser un trámite institucional, profundizó la pugna entre el entonces ministro de Justicia, César Siles, y la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira, según testimonios que forman parte de la investigación.

“La designación del nuevo presidente me la hizo conocer el Dr. Alan Z. (…) donde me detalló que hubo una confrontación entre el ministro Cesar Siles y la Dra. Fanny Coaquira sobre la designación del presidente”, declaró la ahora exvocal del TDJ y detenida, Claudia Castro, ante el Ministerio Público.

Córdova sería un hombre de confianza del exministro. En 2023 fue posesionado como subprocurador de Supervisión e Intervención por el entonces procurador general César Siles. Cuando este último llegó al Ministerio de Justicia, Córdova fue elegido como vocal y el 14 de enero de 2025 asumió la presidencia del TDJ.

Según Castro, una persona identificada como Erika V. le habría señalado que la designación de Córdova respondía a “un acuerdo del magistrado Juan Carlos Berríos y del exministro César Siles”, para evitar una “inestabilidad”.

La designación partió aguas. De un lado, el bloque alineado a Siles y Córdova; del otro, a la magistrada Coaquira, quien impulsaba a Margot Pérez para presidir el TDJ, de acuerdo con los testimonios.

De acuerdo con Castro, los vocales que respaldaban a Córdova veían con preocupación las auditorías promovidas por la magistrada contra autoridades designadas en 2024, ya que no eran de su agrado. En ese contexto, se habría planeado la destitución de la magistrada.

“Pienso que como se vio eran temas políticos. Yo no fui del grupo de ellos”, afirmó Coaquira en contacto con los medios en la sede de Gobierno.

Esa pugna se tradujo, con el paso de los días, en agendas paralelas que cada bando promovió al margen de la línea institucional.  

En un episodio de tensión, que recordó Castro, la magistrada Coaquira convocó a una reunión de emergencia en el piso nueve de los juzgados y encargó a Margot Pérez la coordinación para el descongestionamiento carcelario. Esto molestó a la presidencia del TDJ.

Ya con el objetivo de destituir a Coaquira, Castro indicó que se promovieron varias reuniones entre los integrantes del plan y acercamientos con los representantes del Ministerio Público de La Paz.

El bando que pretendía destituir a Coaquira se reunió en el piso siete del Shopping Norte después de Carnaval. Según Castro, en el encuentro participaron, entre otras personas, Yvan Córdova e Iván Campero, quien era el magistrado suplente de Coaquira y habría aspirado a asumir la titularidad.

Durante la reunión relatada por Castro, el entonces magistrado suplente Campero planteó la posibilidad de desarchivar un proceso penal contra Fanny Coaquira y, con ese objetivo, llamó al fiscal departamental, quien se comprometió a revisar el caso y recibirlo al día siguiente en su despacho. Esa versión fue negada posteriormente por el propio Campero. 

También, en la misma reunión se habló de presuntos certificados de docencia fraguados, indica el testimonio. 

En tanto, la magistrada Coaquira, ya se había llevado a todo su personal de La Paz a Sucre, presuntamente con la finalidad de “forzar” procesos, hasta externos, al punto de indagar sobre la docencia de Campero, con el fin de inhabilitarlo como suplente, según denunció Castro.

En el marco de esta pugna, en mayo, a través de contactos vinculados a Siles, se obtuvo una certificación que señalaba que Coaquira no ejerció docencia en la Universidad Bolivariana, pese a que ese documento habría sido presentado para su postulación para magistrada. 

“Esta persona le indicó al dr. César Siles que la dra. Fanny Coaquira nunca dio docencia (…) pero que el rector le habría extendido el certificado por un grado de amistad”, declaró Castro, precisando que la información fue corroborada con otras instituciones más.

Con ese escenario, el bando de Córdova resolvió impulsar un proceso penal por uso de instrumento falsificado y una acción de cumplimiento para cesar a Coaquira del cargo de magistrada, bajo del argumento de que habría usado un documento irregular para postular. 

En su declaración, Campero expresó su desacuerdo, aunque admitió haber participado en varias reuniones. Contrariamente, Castro sostuvo que él incluso propuso a Orlando Rojas como suplente.

El camino elegido para destituir a Coaquira era una acción de cumplimiento. Las tareas se repartieron: unos redactarían el recurso y otros buscarían al juez que resuelva la causa. 

En medio de esa búsqueda apareció el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien habría manifestado a Castro su interés en trasladarse a La Paz o Santa Cruz por conflictos laborales.

En su declaración ampliatoria del 29 de julio de 2025, Lea Plaza afirmó que conoció a Claudia Castro cuando le tocó resolver un amparo constitucional que ella presentó en 2024, tras postular a la Fiscalía General. Aseguró que fue “hostigado” para fallar a su favor, bajo el argumento de que “esa es la orden del Ministro” y que, al tratarse de una disposición, él podría perder su trabajo.

“Usted es un simple juez, yo trabajo años acá, no ponga en riesgo su trabajo”, le advirtió Castro, según testificó el exjuez.

También, relató las llamadas insistentes, incluso nocturnas, y presiones para asumir la acción de cumplimiento con la cual se pretendía destituir a Coaquira. 

Como parte de la preparación de la arremetida como Coaquira, incluso habría existido una reunión entre los protagonistas del plan.

“Tres días antes de la audiencia de la acción de defensa, en la casa de César Siles, se reunieron Iván Campero, Yvan Códova, Lea Plaza y César Siles”, relató Castro. 

El escenario ya estaba dado para que el juez resuelva la acción de cumplimiento, puesto que incluso, se habría direccionado el recurso para que llegue al despacho de Lea Plaza. 

La audiencia fue el 12 de junio. Según testigos, Lea Plaza se mostró nervioso y recibió múltiples llamadas. Era muy grande la magnitud de la demanda, pues era un juez sin experiencia para resolver recursos como este, como él mismo decía.

En un cuarto intermedio dictado en plena audiencia, Lea Plaza recibió varias llamadas: se menciona a fiscales; al representante del Consejo de la Magistratura; además de jueces y vocales; por supuesto, los principales interesados, que lo presionaban unos para que falle a favor y otros en contra. Todos seguían la audiencia mediante la virtualidad.

Incluso el juez habría solicitado ayuda para elaborar su resolución. “Lea Plaza me llamó y me pidió ayuda; le dije que tomaría nota de lo que le estaba indicando. De un número me llega el borrador de la complementación y se lo reenvío a Lea Plaza, y me vuelve a llamar diciendo que no entiende, que lo resuma más sencillo”, recuerda la exvocal desde la cárcel de mujeres de Obrajes.

Pese a que Castro negó que haya tenido participación en el caso, la abogada Zuleika Lanza aseguró que su declaración es casi una confesión.

Finalmente, en la audiencia, el entonces juez Fernando Lea Plaza, determinó suspender la credencial temporal de la magistrada Fanny Coaquira, y ordenó convocar al suplente para asumir el cargo, vale decir, a Iván Campero. 

Aunque parecía que se había consumado el plan, ni bien terminó la audiencia, el juez de Coroico fue aprehendido en su despacho y conducido a la sede de Gobierno. El TSE y el TSJ calificaron el fallo como un “golpe judicial”.

Lea Plaza aclaró en su declaración ampliatoria del 15 de agosto de 2025 que tanto Castro como Siles le habrían prometido, a través de su esposa, mover sus “influencias” y “solucionar” el tema antes de su audiencia cautelar.

En tanto, Córdova le habría señalado que se encontraba en la Casa Grande del Pueblo para hablar con el “amigo”, asegurándole que no se preocupara porque la “damita del 17” (en referencia al Juzgado 17) era su amiga y gestionaría una medida sustitutiva. Sin embargo, Lea Plaza fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.

Ante esas promesas no cumplidas, la esposa de Lea Plaza amenazó con sacar a la luz el audio que implicaba al entonces ministro César Siles; él respondió: “no lo saque, hablemos”, según el testimonio. Pese a ello, el audio se conoció el 15 de junio y el caso cobró relevancia al implicar a altas autoridades de justicia en el caso que paso a ser investigado por el delito de consorcio.

“Usted pierda cuidado (…) está conversado a muy alto nivel, doctor (…) va a estar protegido también usted (…) Yo voy a hablar también con Torres y Mariaca”, refiere parte del audio atribuido a Siles, que según Coaquira es verídico tras el peritaje realizado.

Tras la cautelar, Lea Plaza fue llevado a un hospital por algunos días y luego remitido a la cárcel, mientras los otros implicados permanecían bajo la mira del Ministerio Público.

En la cárcel, Lea Plaza habría recibido una visita con una oferta para que cambie su declaración, con el objetivo de eximir al exministro Siles.

“Después de unos tres o cuatro días… ingresa (a su celda) la Dra. Mariana G. y me dijo: ‘hacerle conocer que yo he gestionado para que usted pueda estar cómodo. Hablé con el delegado, a usted lo van a cuidar’, y en eso me dice: ‘dentro del proceso como tal, usted estaría dispuesto a colaborar para ayudar al ministro Siles y cambiar su declaración inicial?’, mi respuesta fue que ya presté mi declaración”, contó Lea Plaza.

Para el 29 de julio, por la mañana, Lea Plaza dijo que recibió la visita de una Viceministra. Le explicó que había sido enviada por el Ministro de Gobierno para hacerle tres consultas: primero, sobre la grabación del audio; luego, si sabía por qué la Fiscalía actuaba de esa manera; y finalmente, qué posibilidad había de ayudar al ministro (César Siles).

“Doctor, usted sabe por qué la Fiscalía está molestando tanto, por qué ellos se dieron la vuelta, yo le dije que desconozco”, le dijo la Viceministra, según la declaración de Lea Plaza.

En ese tiempo, el exministro de Justicia ya había sido cautelado, pero la medida no se efectivizó porque estaba internado en un hospital. Antes de su audiencia de cesación a la detención preventiva, Mariana G. visitó a Lea Plaza y le comentó que Siles iba a “salir con cesación”, y le propuso nuevamente colaborar con el ministro para ayudarle a cambiar su declaración, según recordó el exjuez.

“Mariana G. me dijo que cambie mi declaración y diga que este caso ha sido armado por Coaquira, en coordinación con toda la comisión de fiscales y con el Fiscal General”, relató Lea Plaza. En otra oportunidad dijo que fue amenazado con ser enviado a “población” en la cárcel y que se atenga a las “consecuencias”.

El 25 de agosto, Fernando Lea Plaza fue declarado colaborador eficaz en el caso denominado “consorcio” y, en septiembre, salió del penal de San Pedro. Unas semanas después apareció sin vida en su dormitorio, en un caso que fue declarado como suicidio por las autoridades.

Su abogada señala que la presión ejercida por el grupo que en su momento se alineó con Yván Córdova pudo haber influido en su trágico desenlace. 

Dentro del proceso se investigan al exministro César Siles, al magistrado suplente Iván Campero, al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Yvan Córdova y  la exvocal Claudia Castro, esta última es la única detenida de manera preventiva en el penal de Obrajes, como los principales sindicados. Se trata de una investigación sobre una red de autoridades que, según indicios, habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir un fallo para destituir de manera ilegal a una magistrada titular del TSJ.

Nada de eso quedó registrado en actas oficiales, pero sí en relatos, declaraciones y un audio clave que hoy forman parte de la investigación.

Pero al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre si la magistrada Fanny Coaquira utilizó un documento fraguado para obtener una mayor puntuación y acceder al cargo, presuntamente engañando a los electores o no.