La imputación que presentó la Fiscalía en el caso ambulancias establece la responsabilidad del gobernador Jhonny Mamani en las irregularidades en la contratación y posterior anulación de la compra de 41 ambulancias, que habría generado un daño económico de más de un millón de bolivianos.

Mamani firmó en noviembre de 2021 el contrato con la empresa Estefals Logistic, para la adquisición de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos, sin embargo, decidió anular el contrato al denunciarse las irregularidades en el caso.

Según la imputación de la Fiscalía, la función del Gobernador era velar porque los procesos de contratación se enmarquen en la legalidad, sin embargo ello no ocurrió en este caso, por cuanto se ha podido advertir “muchas irregularidades”.

Entre las irregularidades, la imputación señala que se adjudicó el contrato a la empresa Estefals Logistics, sin que la misma cumpla las especificaciones técnicas requeridas. Además, menciona que se registró el formulario de recepción de las 41 ambulancias, cuando las mismas no fueron entregadas físicamente.

Observó también que el Gobernador determinó la anulación del contrato mediante Resolución Administrativa de fecha 27 de enero de 2022, cuando ya habían pasado 22 días después de la fecha tope para la entrega de las ambulancias.

La imputación explica que no procedía una anulación del contrato, como dispuso el Gobernador, sino se debió cobrar las multas a la empresa por los días de atraso en la entrega o ejecutar la póliza de garantía de más de un millón de bolivianos.

En criterio de la Fiscalía, al no haberse ejecutado la garantía se generó un daño económico al Estado en la suma aproximada de Bs1.435.000, equivalente al monto de la póliza.

En ese marco, atribuyó al Gobernador de Potosí la comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, en calidad de autor.

“Al disponer esa anulación se prescindió sancionar el incumplimiento del contrato a la empresa adjudicada, ya sea cobrando las multas por días de atraso en la entrega de los bienes (41 ambulancias Tipo I), o en su caso ante el incumplimiento de contrato ejecutando la póliza de garantía de cumplimento de contrato, generando con ello un daño económico al Estado en la suma aproximada de Bs. 1.435.000 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Bolivianos) equivalente al monto de la póliza de garantía da cumplimiento de contrato, con la cual se ha garantizado el cumplimiento de dicho contrato, afectado por ende a los intereses del Estado”, dice el documento.

En la solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga del Gobernador potosino no cuenta con un domicilio preciso y tiene facilidad de salir del país. Además, cuenta con un proceso anterior por delitos de corrupción.

Respecto al peligro de obstaculización, la imputación advierte que los involucrados dependieron de la Gobernación y llegaron a ser compañeros de trabajo, pero también se existe un audio en que supuestamente se evidencia que una funcionaria hubiese inducido a regularizar firmas.

Para el gobernador Mamani y los otros imputados, la imputación solicita detención domiciliaria y otras medidas cautelares como la fianza y arraigo.

La audiencia donde se definirá la situación de la autoridad potosina se fijó para el 4 de agosto.