El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, realizó un diagnóstico alarmante sobre el conflicto que atraviesa Bolivia y sus consecuencias. Denunció que ya existe escasez de insumos en centros de atención a población vulnerable, además de irregularidades como la aparición de grupos paraestatales, el uso de armas, la judicialización de la protestas, todo en un momento de crisis económica.

Callisaya se pronunció en un contexto donde el ala “evista” lleva 11 días de bloqueo, mientras que ya se han movilizado sectores que exigen desbloquear. Además, existen otras protestas como de choferes que quieren incremento de tarifas y del sector salud que reclama por el deterioro de las condiciones laborales y de atención.   

En cuanto a la escasez, indicó que se ha realizado verificaciones centros de acogida de adultos mayores y niños, además de hospitales en cuatro departamentos (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro), constatándose la falta de insumos.

Mencionó casos de centros de acogida que ya no cuentan con raciones secas, verduras, frutas o carne. También lamentó casos de hospitales cuyas reservas de alimentos solo abastecerán esta semana.

Grupos paraestatales 

El Defensor también señaló que grupos paraestatales estarían actuando en el desbloqueo conjuntamente la Policía, como en el puente Ichilo.

“Hemos hablado de grupos paraestatales que actúan conjuntamente la Policía o al lado de la Policía, que eso no es irregular. No está en el marco legal, porque la Policía es la única institución destinada a guardar el orden público, no otras instancias”, dijo Callisaya.

En el sector de Puente Ichilo, el ala “evista” denunció que la Policía había intentado desbloquear junto a grupos de choque civiles, conformados por jóvenes con el rostro cubierto y armados con palos, piedras, machetes y petardos.

Armas de fuego

Callisaya, asimismo, se refirió a las denuncias de la existencia de armas de fuego en determinados lugares de bloqueo y y sostuvo que esto no se puede tolerar.

Recordó que el Estado está llamado a hacer la investigación correspondiente para evitar cualquier desborde.

En el conflicto actual, la Policía denunció que un contingente fue embocado por francotiradores en la carretera Oruro-Potosí, donde pretendía realizar un desbloqueo. 

Judicialización  

La autoridad defensorial observó, asimismo, una tendencia a la judicialización de las protestas, por la cual ya se contabilizó 43 personas detenidas en 10 días de bloqueo, de las cuales dos tienen prisión preventiva en la cárcel de San Pedro y el resto quedó libre o cuenta con medidas sustitutivas.

Callisaya dijo que el poder estatal no se puede utilizar para anular el derecho a la protesta. “No es meter a las personas a las cárceles, porque además las cárceles ya se encuentran hacinadas y están generando otro espacio de vulneración de derechos”, aacotó.

Advirtió también que, en esta judicialización de la protesta, existe una desigual aplicación del poder del Estado, porque por un lado se ha detenido a personas por hechos como la posesión de petardos, pero en otros casos no se investigan sucesos similares.

Más conflictos

El Defensor alertó que, al conflicto actual, se están sumando otros problemas, como el tema de los choferes o del sector salud que se han movilizado recientemente. 

Explicó que de manera subyacente existe una crisis económica que la población vive a diario, con el aumento de precios de alimentos, problemas en el acceso a la salud y medicamentos, además de la falta de dólares y combustibles. Callisaya señaló que el Estado no está dando soluciones.

Emplazó a los movilizados a deponer actitudes intransigentes y generar espacios de puentes humanitarios. Al Estado pidió generar un espacio real, transparente y público de diálogo.

Asimismo, pidió al Ministerio Público a que realice una investigación de la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales, así como del uso de armas en ciertos lugares donde se están suscitando los bloqueos.