Tomy Pérez Alcoreza
El transporte público en la ciudad de La Paz, dominado mayoritariamente por minibuses, ha registrado recientemente un incremento en sus tarifas. Las rutas largas han subido de Bs2,60 a Bs3 y las cortas, de Bs2 a Bs2,40. Este ajuste se basa, según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en un estudio técnico que, paradójicamente, aún no ha sido presentado públicamente a la ciudadanía.
En un contexto donde la transparencia es un valor fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado, resulta inadmisible que los estudios que justifican decisiones que afectan directamente al bolsillo de miles de ciudadanos no sean públicos. La población tiene derecho a conocer los criterios técnicos, económicos y sociales que respaldan este aumento.
El reajuste ha generado una pugna entre el Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal y el sector transportista. Mientras el Ejecutivo defiende la medida, el Concejo busca revertirla, argumentando que las juntas vecinales —en teoría representantes de los usuarios— se oponen al alza. Sin embargo, hasta la fecha no se han evidenciado pronunciamientos formales de dichas organizaciones que respalden esta postura, dejando en duda la legitimidad de este argumento.
Más allá del debate político, la realidad que enfrenta la ciudadanía es otra. La mayoría de los paceños ha asumido, con resignación, que las nuevas tarifas llegaron para quedarse. Pero lo que la población no está dispuesta a seguir tolerando es la precariedad del servicio. Si bien los transportistas exigen incrementos por el alza en los costos operativos, la calidad del servicio no ha mejorado en la misma proporción.
Los minibuses en La Paz operan prácticamente sin fiscalización efectiva. Se incumplen los horarios establecidos, se alteran rutas sin previo aviso y se recortan los recorridos de manera arbitraria (el conocido "trameaje"), afectando directamente a los usuarios. A ello se suma el incumplimiento sistemático de las tarifas diferenciadas, especialmente para estudiantes de nivel escolar y universitario, que ven vulnerado su derecho al acceso económico al transporte. Las condiciones físicas de muchas unidades son deplorables: asientos rotos, higiene deficiente, ausencia de medidas básicas de seguridad y, en no pocos casos, un trato descortés por parte de los conductores, quienes carecen de formación en normas de tránsito y educación vial.
Esta situación pone en evidencia una gran omisión de parte de las autoridades municipales. No se trata solo de regular tarifas, sino de ejercer la competencia plena que la Constitución otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales en materia de transporte urbano. Es su responsabilidad normar, fiscalizar y controlar de manera efectiva un servicio público esencial, garantizando condiciones dignas para los usuarios.
La ciudad de La Paz merece un sistema de transporte moderno, eficiente y humano. Un servicio que no solo se centre en cuánto se paga, sino en qué se recibe a cambio. Para avanzar como ciudad, no basta con actualizar tarifas: se necesita una transformación integral del sistema y una voluntad política real de servir a la ciudadanía.
Es tiempo de que nuestras autoridades comprendan que gobernar no es imponer, sino escuchar, construir y actuar con responsabilidad. Solo así, La Paz podrá avanzar hacia un modelo de ciudad donde la movilidad sea un derecho, no un privilegio ni una fuente permanente de conflicto.