Tomy Pérez Alcoreza
Cada mañana, miles de estudiantes en Bolivia —desde niños de primaria hasta jóvenes universitarios— emprenden un recorrido que va más allá del simple trayecto a sus escuelas y universidades. En sus mochilas no solo llevan libros y cuadernos, sino también el esfuerzo y la esperanza de sus familias, que hacen sacrificios diarios para asegurarles un futuro mejor. Sin embargo, en medio de esta lucha, un obstáculo silencioso pero constante se interpone en su camino: la falta de una tarifa de transporte diferenciada para estudiantes.
Este problema no es exclusivo de La Paz y El Alto; afecta a todas las ciudades del país. Durante años, los colectivos y micros, que ofrecían una tarifa especial para estudiantes, fueron el pilar del transporte urbano. No obstante, con el tiempo, estos fueron desplazados casi por completo por los minibuses, que operan sin ninguna regulación que contemple este beneficio. Aunque estos vehículos han mejorado la movilidad en ciertos aspectos, han dejado de lado a un sector vulnerable: los estudiantes, quienes dependen del transporte público para acceder a la educación.
El derecho a la educación debería estar garantizado, pero paradójicamente, muchas veces está condicionado por el costo de llegar al aula. Para miles de familias, el gasto en pasajes se ha convertido en una carga adicional que afecta directamente su economía. Lo que antes se destinaba a alimentación, salud o vestimenta, ahora debe cubrir el costo del transporte diario de sus hijos.
Pensemos en esos niños que, con el alba, salen de casa abrigados no solo contra el frío, sino también contra la incertidumbre de cómo llegarán a sus colegios. Muchos de ellos estudian en instituciones lejanas, elegidas por sus padres por su calidad educativa y seguridad. Sin embargo, este esfuerzo adicional implica un golpe financiero que erosiona los ingresos familiares día tras día. No es justo que, además del sacrificio de buscar lo mejor para sus hijos, estas familias deban asumir un costo desproporcionado por un transporte que no responde a su realidad.
Los universitarios no están exentos de esta problemática. Jóvenes que buscan completar su formación profesional para abrirse camino en un mercado laboral competitivo deben afrontar no solo la carga académica, sino también el desafío económico de trasladarse diariamente a sus universidades. Para muchos, el costo del transporte es una barrera más en su camino, una limitación que en un país que busca progresar debería ser eliminada.
El reemplazo casi total de los colectivos y micros por minibuses ha dejado a los estudiantes sin opciones de transporte asequibles. Mientras que las autoridades municipales han autorizado incrementos en los pasajes, no han establecido regulaciones que garanticen tarifas diferenciadas para los estudiantes. La falta de planificación y sensibilidad en esta decisión ha convertido la movilidad en un privilegio en lugar de un derecho.
Es momento de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad. Implementar y hacer respetar una tarifa diferenciada para estudiantes no es un simple ajuste económico, es un acto de justicia social. Cada pasaje que un estudiante paga representa una historia de esfuerzo, una inversión en el futuro del país. Si realmente apostamos por el desarrollo de Bolivia, debemos garantizar que el trayecto hacia el conocimiento sea accesible para todos.