Fuente: Cejis

Los pobladores del territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras por parte de un operador minero, que la pasada semana movilizó maquinaria y personal en el sector, a pesar de tener conocimiento de que el territorio se declaró netamente productor agrícola y ganadero.

La decisión se asumió durante el primer cabildo virtual que celebraron este domingo 2 de agosto, las autoridades junto a los habitantes del territorio, quienes participaron y tomaron la palabra a través de la radio local que también transmitió el encuentro.

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Durante el cabildo, las autoridades informaron a la población que el miércoles 29 de julio recibieron la llamada de algunos comunarios de Ticaña que alertaron de la presencia de volquetas y retroexcavadoras, por lo que en la tarde el Consejo de Autoridades se movilizó hasta el lugar, donde verificaron el avance de un camino que se abría por la parte superior del cerro.

El territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta se ubica en los municipios de Pazña y Antequera, en el departamento de Oruro. Las 54 comunidades que integran la marka se dedican a la producción de leche y sus derivados como: queso, yogurt, flan y otros; a la crianza de ganado lechero, la venta de carne, cultivo de habas, papas, hortalizas, cebada y alfa alfa. Estos productos son comercializados en las ferias de Challapata, Huanuni, Bolívar, Totoral y Oruro; incluso, su producción de queso llega hasta los mercados de Potosí, Yacuiba, Villamontes y Cochabamba.

En el cabildo, las autoridades recordaron que el 2019, la marka determinó “cero minería”, razón por la cual el día que se enteraron del avasallamiento, se dirigieron al lugar donde se encontraba la minera para ejercer sus derechos como pueblo indígena, a través de un acto ritual y una ch’alla, para luego dialogar con el personal responsable de la empresa minera.
Fruto de este encuentro, las autoridades y la empresa acordaron un cuarto intermedio durante el cual la empresa iría a la oficina de las autoridades originarias a presentar los documentos que demuestren la legalidad de sus operaciones; sin embargo hasta la fecha no se hicieron presentes, según informaron las autoridades de la marka al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

El conflicto se viene arrastrando desde hace más de dos años, cuando la empresa también ingresó a la misma comunidad a realizar trabajos mineros y las y los comunarios también lo impidieron; por esta primera situación, los pobladores realizaron un cabildo donde tomaron la decisión de no permitir el trabajo de ninguna empresa minera, por la naturaleza productora de la región.

A pesar de la pandemia por el COVID-19, en Bolivia las actividades extractivas continúan amenazando a los territorios correspondientes a los pueblos indígenas, las cuales suman cada vez más impactos al medio ambiente y a la salud de la población indígena, quienes en algunos casos contrajeron el Covid-19 producto del ingreso de empresas a sus comunidades sin las medidas básicas de bioseguridad.