La defensa legal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que pedirá al Tribunal Sexto de Sentencia la paralización del juicio por el caso "Golpe I" hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad del tipo penal de “terrorismo”.

El Tribunal que juzga al gobernador cruceño estima dictar sentencia en abril; sin embargo, el abogado defensor, Martín Camacho, anticipó que solicitarán un cuarto intermedio hasta conocer la resolución del TCP.

Indicó que, en caso de emitirse una sentencia, esta debería ser absolutoria, ya que la mayor parte de la carga probatoria presentada por el Ministerio Público está relacionada con el tipo penal de terrorismo y su financiamiento.

Según estimaciones de la defensa, el TCP podría demorar hasta ocho meses en emitir una resolución. En un inicio, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz rechazó el recurso de inconstitucionalidad, pero en fase de revisión, el TCP revocó la negativa y decidió admitir la demanda.

Por su parte, el ministro de Justicia, César Siles, señaló que la fase de producción de prueba documental y testifical debe continuar y que la sentencia de primera instancia podría emitirse después de que el TCP se pronuncie sobre la constitucionalidad del delito de terrorismo.

Siles aseguró que este tipo penal no será eliminado del ordenamiento jurídico y lo diferenció del delito de sedición, cuya eliminación sí fue recomendada por estándares internacionales. “No es como en el caso del delito de sedición; en ese caso, sí nos han recomendado estándares internacionales que hay que eliminar el tipo penal”, afirmó.

Camacho permanece recluido en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022. Su defensa exige la adecuación del tipo penal de terrorismo a los estándares y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado boliviano. En ese contexto, considera que el terrorismo podría ser eliminado del ordenamiento jurídico nacional, tal como ocurrió con el delito de sedición.

Los abogados de Camacho presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal, argumentando que vulnera diversos artículos de la Constitución Política del Estado (13.IV, 14.III, 21.3, 4 y 5; 109.II, 116.II, 256.1 y 410.II), así como disposiciones de tratados internacionales, entre ellos el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.