El diputado Edgar Montaño (MAS) afirmó que la reforma al Manual del Sistema de Compras Estatales (Sicoes) dispuesto por el Ministerio de Economía en favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana “es acto ilegal porque con una simple resolución repone los gastos reservados y mete las manos a los recursos del Tesoro a título de seguridad del Estado”.

Dijo que a partir de ahora no solo están bajo “confidencialidad y reserva de información” las compras directas de bienes y servicios del Ministerio de  Gobierno y Ministerio de Defensa, sino que cualquier compra, incluso de pintura y otros, arriba de 20 mil bolivianos, ya es confidencial y  nadie puede saber lo que están comprando.

“Esto es peor que quemar los documentos como lo hizo Carlos Mesa con un decreto. Es decir van a sacar recursos económicos con el pretexto de seguridad de Estado”, manifestó a tiempo de advertir que suena contradictoria la disposición del Ministro de Economía José Luis Parada de otorgar insumos para la confrontación, cuando todo el gobierno dice que estamos en una fase de pacificación.

El Ministerio de Economía informó que la excepción de registro en el Sicoes del equipamiento para las FFAA y la Policía fue regulada mediante Resolución Ministerial N° 569 del julio de 2015 firmada por el exministro Luis Arce Catacora y que la Resolución 043 del 7 de febrero de 2020 – firmada por José Luis Parada -  “otorga continuidad a la confidencialidad y reserva de información” que fue establecida antes del 2.000 y es consecuencia de la Ley Financial 1267 que fue presentada por el gobierno del MAS al Legislativo.

Montaño sostuvo que ese argumento es falso porque la Ley Financial en su artículo 14 obliga a que todas las instituciones registren sus compras en el Sicoes, pero el ministro Parada irregularmente le puso “una yapita y aumentó el texto” al Manual del Sicoes para sellar la confidencialidad de todas compras del Ministerio de Gobierno y Defensa, cuando lo correcto era que el Ejecutivo lo debata en sesión de Gabinete. 

Indicó que antes se podía conocer qué se está comprando o qué cantidad de bienes y servicios se están comprando para la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, pero con esa instrucción “chao transparencia, ya no se puede saber si las compras tienen boleta de garantía, qué cantidad de repuestos o servicios están contratando”.

En el marco de sus atribuciones de fiscalización, anunció que en los siguientes días planteará una petición de informe oral al Ministro Parada para que explique cuáles son las razones para ampliar el concepto de confidencialidad a título de seguridad nacional y seguridad de Estado.

Lamentó que hasta ahora el Ministro de Defensa no haya dado explicaciones sobre el gasto de 34 millones de bolivianos entre noviembre y enero del año pasado. “Estamos en una situación  muy grave con esta normativa que sacó el ministro Parada, porque se está permitiendo meter las manos a los recursos del Estado, se quita el derecho a conocer en qué se ha gastado esa cantidad de dinero”, comentó el asambleísta.