Fuente: EUROPA PRESS

La autoridades policiales de Brasil han terminado este lunes de levantar definitivamente el último reducto del campamento levantado hace poco más de dos meses por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a la puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia, con la última detención de 1.200 personas.

Agentes de la Policía Militar de Brasilia y de la Fuerza Nacional de Seguridad han acudido a las 7.00 horas (hora local) de este lunes para advertir a los últimos que persistían en permanecer en el campamento donde se gestó el asalto de las sedes de los tres poderes de que disponían de una hora para dejar el lugar.

La desocupación ha tenido lugar sin enfrentamientos, aunque se han registrado algunas detenciones, una vez la mayoría de quienes habían estado acampados optaron por salir antes del último aviso de las autoridades lideradas por los ministros de Defensa, José Múcio, y de la Casa Civil, Rui Costa, cuentan medios brasileños.

El Gobierno de Brasilia ha fletado cerca de cuarenta autobuses para sacar a unos 1.200 rezagados que permanecían todavía en el campamento y ser trasladados a dependencias de la Policía Federal, donde serán interrogados.

A lo largo de la mañana de este lunes, los agentes iniciaron el desmantelamiento de un campamento después de que en la noche del domingo el Ejército no permitiera la entrada de la Policía. Según fuentes del Gobierno a las que tuvo acceso el diario 'O Globo' la negativa podría estar motivada porque muchos de los acampados eran familiares y conocidos de los militares.

En respuesta, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, uno de los objetivos de los radicales, ordenó el desmantelamiento del campamento y el cese temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, después de los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo, con el asalto de las sedes de los tres poderes.

En sustitución de Rocha, será la vicegobernadora Celina Leão quien asumirá el liderazgo de la capital, sobre la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal para asumir la competencias de seguridad.