El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó su preocupación por la remoción por decreto de vocales electorales departamentales, que ocurrió recientemente en Bolivia por decisión del presidente Luis Arce.

Vivanco, mediante Twitter, recordó que esos vocales fueron nombrados por Jeanine Añez “de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea para renovar autoridades electorales” y afirmó que “su remoción viola garantías previstas por ley”.

De acuerdo con la norma boliviana, el presidente o presidenta del Estado designa a uno de los cinco vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y su periodo en el cargo es de seis años.

Añez, cuando asumió la presidencia del Estado, nombró a un vocal en el Tribunal Supremo Electoral y en cada uno de los tribunales departamentales, pero en el caso de ocho departamentos Arce determinó cesar en funciones a las autoridades designadas por Añez para poner a otras personas.

Los decretos que emitió Arce para el cambio de vocales consideran a las autoridades electorales como “funcionarios designados” en el marco de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, cuyo nombramiento se basa en “confianza”.

También menciona que la legitimidad del mandatario deviene del voto popular, a diferencia de un “gobierno transitorio”.

La oposición rechazó el criterio del mandatario y reivindicó que la garantía de independencia del Órgano Electoral es su inamovilidad en el periodo de funciones. Comunidad Ciudadana señaló que un vocal no puede ser tratado como un funcionario subordinado a otro órgano, puesto que el Órgano Electoral es un poder del Estado.