El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, denunció este sábado que un grupo de “empresarios políticos” estaría utilizando la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, relacionada con el decomiso de productos de la canasta familiar en casos de agio y especulación, como una estrategia para desestabilizar al gobierno. Según Silva, estas acciones responden a un intento de “golpe suave” por parte de actores vinculados al golpe de Estado de 2019 y aquellos de causaron la crisis alimentaria.

“Estos empresarios políticos buscan notoriedad en un contexto electoral para negociar espacios de poder con posibles candidatos presidenciales de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho”, afirmó.

Sin embargo, resaltó que sectores gremiales, minoristas y productivos han mostrado disposición al diálogo convocado por el Ejecutivo para trabajar desde el martes o miércoles en La Paz un reglamento que garantice seguridad jurídica y excluya del alcance de esta norma al comercio minorista, mientras se combate el contrabando de productos esenciales.

Silva explicó que el Ejecutivo no tiene la facultad constitucional para modificar, derogar o abrogar normas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ello, descartó atender demandas de eliminación de la disposición séptima, pero reiteró la voluntad del gobierno de avanzar en la redacción de un reglamento que brinde garantías al sector productivo. “Se les ofrece trabajar un reglamento que ponga candados, proteja al sector productivo y excluya explícitamente a los gremiales y comerciantes minoristas del alcance de esta disposición”, señaló.

El viceministro destacó que entidades como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Confederación Nacional de Gremialistas ya han confirmado su participación en el diálogo. No obstante, informó que aún esperan la respuesta de otros sectores, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), para incluir sus propuestas en el proceso. Silva enfatizó que la disposición séptima está diseñada únicamente para combatir a quienes almacenan grandes cantidades de productos básicos con fines de contrabando o agio, y no para perjudicar a los comerciantes o industriales.

“Mientras un pequeño grupo de empresarios políticos utiliza este tema como pretexto para agendas electorales y movilizaciones, la mayoría del sector productivo está comprometida con construir normas que beneficien al país”, añadió. Silva criticó a estos empresarios por intentar posicionarse políticamente a costa de la estabilidad del país, sugiriendo que sus acciones buscan obtener protagonismo de cara a posibles alianzas con figuras de la oposición.

Aseguró que el diálogo continuará con aquellos sectores dispuestos a trabajar en la regulación de la norma, priorizando la protección de los intereses del comercio legal y la lucha contra la especulación y el contrabando. “Con los productores, gremialistas y empresarios que quieren construir país, vamos a seguir avanzando en mesas de diálogo que brinden resultados concretos y beneficios para todos los bolivianos”, concluyó.