El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Jorge Quino identificó dos errores de procedimiento atribuido a los fiscales del caso fraude electoral y terrorismo, que dieron paso a anular la orden de aprehensión y la imputación contra el expresidente Evo Morales y su exministro de Justicia Héctor Arce en audiencias de acción de libertad que se realizaron el pasado sábado.

Explicó que la comisión de fiscales en su momento ha procedido a citar a Evo Morales a través de edictos que se aplican cuando se desconoce el paradero y domicilio de una persona y que estaría en algún lugar de territorio boliviano; pero los medios de prensa y la comisión de fiscales conocían que Evo Morales residía en Argentina.

Indicó que, en este caso, el Juez de Garantías utilizó como fundamento esa falencia para conceder la tutela en favor de Evo Morales.

“La comisión de fiscales tenía la opción de utilizar la cooperación internacional en su momento vía cancillería, porque si tenían conocimiento que Evo Morales estaba en calidad de refugiado en Argentina, podían proceder de esa manera y no así en forma equivocada para citar mediante la modalidad de los edictos”, dijo a la red Uno.

En contacto con los medios de prensa en La Paz, aclaró sin embargo que el proceso por supuesto terrorismo sigue abierto y lo que corresponde es citar a Evo Morales de manera correcta para que pueda asumir su defensa conforme a procedimiento.  

“Esto no es que todo el proceso se anuló, no.  Simplemente se están subsanando errores de procedimiento y tendría que continuar, porque si bien alguien decía que hay pruebas, eso se mantiene”, precisó la autoridad judicial.

En el caso de Héctor Arce, dijo que los fiscales que atendieron el proceso sobre fraude electoral se equivocaron; utilizaron documentos sobre declaraciones de otro proceso y con fechas anteriores incluso a la denuncia que se hizo contra el exministro.

“Ese fue el fundamento que utilizó el Juez de Garantías Constitucionales para anular el proceso y dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión que pesaba contra Héctor Arce, al evidenciarse la vulneración de sus derechos a un debido proceso en su vertiente de fundamentación”, manifestó.

Quino precisó que sus observaciones no van a la Fiscalía como institución, sino a los fiscales que en su momento manejaron el caso del fraude electoral denunciado por instituciones de gobierno y el propio Tribunal Supremo Electoral.

Explicó que, en el caso Héctor Arce, al haberse dejado sin efecto el mandamiento la orden de aprehensión, lo corresponde es que los fiscales corrijan esos defectos procesales y realicen, si es que correspondiera, una imputación en base a las pruebas aportadas por las partes durante la investigación.

En el caso particular “aparecieron declaraciones que venían de otro proceso con anterioridad a la denuncia”. El presidente del TDJ no quiso evaluar si habría de alguna falta disciplinaria y aseguró desconocer si existe alguna denuncia contra los fiscales que condujeron la investigación del caso fraude electoral y caso terrorismo.

Explicó que, en el caso Héctor Arce, al haberse dejado sin efecto el mandamiento la orden de aprehensión, lo corresponde es que los fiscales corrijan esos defectos procesales y realicen, si es que correspondiera, una imputación en base a las pruebas aportadas por las partes durante la investigación.

En el caso particular “aparecieron declaraciones que venían de otro proceso con anterioridad a la denuncia”. El presidente del TDJ no quiso evaluar si habría de alguna falta disciplinaria y aseguró desconocer si existe alguna denuncia contra los fiscales que condujeron la investigación del caso fraude electoral y caso terrorismo.