El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) consideró que la quema de los buses PumaKatari fue consecuencia de actos de premeditación y planeamiento realizados por una misma organización el 10 de noviembre de 2019.

En el apartado respectivo, el informe refiere que un grupo de personas ingresó a dos patios de mantenimiento de los PumaKatari en Chasquipampa y Achumani, e incendiaron 64 buses. Además, que se acercaron al patio de Villa Salomé con el mismo objetivo, pero los funcionarios habían trasladado la mayor parte de la flota a otro establecimiento.

“La coincidencia de horarios y de método en estos incidentes es indicativa de que los actos fueron premeditados, planeados y realizados por una misma organización”, afirma el texto.

Detalla que a las 19:00 el grupo de personas se dirigió a Chasquipampa para destrozar y quemar 34 buses. Luego, a las 21:00, otro grupo ingresó al patio Achumani y prendió fuego a otros 30 vehículos. Asimismo, en el patio de Villa Salomé se aglomeraron personas hacia las 21:30.

Un testigo funcionario de La Paz Bus, entrevistado por el GIEI, narró que había observado cómo personas ingresaron al predio a hacer daño a los buses. El testigo dijo que había aparecido una patrulla y cuatro policías, con lo cuales trataron de retomar el patio, pero tuvieron que salir ante la acumulación de más gente.

El sindicato 14 de Septiembre

Versiones colectados por el GIEI mencionan al Sindicato de choferes 14 de Septiembre por lo sucedido con los buses.

Según el informe, la Fiscalía afirmó que funcionarios reconocieron a algunas personas de la turba como miembros del Sindicato 14 de Septiembre y los escucharon decir que “ya podrían trabajar”.

Además, el testigo del Grupo corroboró la información: “eran del sindicato 14 de Septiembre. Decían ‘ahora vamos a poder trabajar’, y algunos tenían sus suéteres de ese sindicato, por eso sabía que eran de ahí”.

Dos dirigentes de dicho sindicato, Aurelio Q. M. y Nicanor C.C., estaban imputados por este caso, pero en junio la Fiscalía determinó liberarlos de culpa. Este último dato no se menciona en el informe del GIEI, puesto que fue conocido recientemente.

También el texto del GIEI, menciona que la Fiscalía había sindicado a otras 22 personas, que eran miembros de la Fejuve (Jesús Vera está incluido en el caso) y que estuvieron presentes en una reunión realizada el 10 de noviembre de 2019, la fecha de las quemas, en el Sindicato de Transportistas 14 de Septiembre. 

Sin embargo, observó que la Fiscalía consideró, sin clara fundamentación en las evidencias del expediente que esa reunión fue preparatoria del ataque.

Según el informe, una dirigente de la Fejuve, identificada como Myriam G., afirmó que el lugar había sido alquilado para una reunión a fin de tratar problemas de la comunidad y que los participantes no tenían vínculos con el sindicato.

La misma dirigente Myriam G., también fue imputada por el caso de las quemas, pero en junio de este año la Fiscalía determinó su sobreseimiento, junto a los dos dirigentes del sindicato de choferes. 

Fiscalía liberó de responsabilidad a tres imputados por la quema de los PumaKatari https://t.co/PXOR98bObk

— ERBOL (@ErbolDigital) July 15, 2021

Jesús Vera

El informe menciona al dirigente afín al MAS, Jesús Vera, en el caso de la quema de los buses.

Se indica que fue detenido en base a un reporte periodístico en Facebook, en el cual se observaría a Vera en los hechos investigados. También señala que el dirigente estuvo con detención preventiva de diciembre de 2019 a marzo de 2020.

Señala que en diciembre de 2020, la Fiscalía emitió una resolución de rechazo de la denuncia contra 21 personas, incluyendo a Jesús Vera, por “no haber aportado elementos suficientes para fundar la imputación”, en especial en lo que se refiere a la individualización de conductas

El GIEI constató que “procesalmente Jesús Vera Plata ha tenido una solución más favorable con relación a su detención preventiva que los tres imputados detenidos”. 

Juez dicta que Jesús Vera salga de la cárcel y cumpla detención domiciliaria https://t.co/qiC8LPu95t

— ERBOL (@ErbolDigital) March 6, 2020

Asimismo, el Grupo evaluó que la Fiscalía no ha agotado la etapa de búsqueda de evidencias, porque en su propia resolución de rechazo señala que se aguardaba la realización de diversas diligencias, como el desdoblamiento de imágenes de 33 DVD extraídos del sistema de cámaras de los patios de buses, la pericia de triangulación de llamadas de los imputados y la recepción de testimonios considerados “muy importantes”.

Las casas de Albarracín y Casimira Lema

Respecto a las quemas de las casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema, el GIEI también estableció que ocurrieron por actos premeditados.

“Las coincidencias de fecha, horarios y modalidades de violencia entre este hecho y otros ataques ocurridos esa misma noche son indicativas de una planificación previa y de una actuación coordinada entre los responsables, por lo que la Fiscalía debe examinar el contexto común en que se enmarcaron estos distintos hechos de violencia”, dice el informe refiriéndose al caso de Albarracín.

También se menciona en este caso a Jesús Vera y a otras cinco personas. 

El GIEI enfatizó que “el atentado contra Waldo Albarracín es un hecho grave y constituye un ataque premeditado contra un defensor de derechos humanos, con la intención de dañar su integridad personal y la de su familia”.

En cuanto a la casa de la periodista Casimira Lema, el Grupo observó que no se hicieron esfuerzos para buscar imágenes circuitos de cámaras en la cercanía u otras fuentes de información que pudieran servir para identificar a los responsables de los hechos. Además, la Fiscalía emitió una resolución de rechazo a la denuncia en noviembre de 2020.

“Se observa que, aunque había una línea de investigación abierta, la Fiscalía no la exploró debidamente. Tampoco realizó esfuerzos para recabar otras evidencias pertinentes con una investigación de esa naturaleza”, dice el informe.

Agrega que “el ataque contra la casa de Casimira Lema tiene señales de haber sido dirigido contra ella por sus labores profesionales, lo que ofende no solamente a su persona, sino que constituye una violación del derecho a la libertad de expresión”.