El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, informó que ha solicitado a la Fiscalía que se congele las cuentas y se anoten los bienes del exministro Luis Arce Catacora y otras exautoridades, debido a un presunto daño económico en la contratación de software para la Gestora Pública.

Arce Catacora, actual candidato del MAS, ya había sido denunciado por este caso en junio, pero ahora el Viceministerio de Transparencia amplió la querella contra el exministro de Economía, Mario Guillén, el exviceministro de Pensiones, Óscar Ferrufino y la ex directora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, Patricia Mirabal.

“Hemos solicitado al Ministerio Público que, al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores y a la anotación preventiva de sus bienes”, indicó el viceministro Guido Melgar.

En este caso se investiga la contratación que hizo el Gobierno del MAS de dos empresas, una panameña y otra colombiana, para elaborar el software con que se debía migrar la base de datos de las AFP a la Gestora, sin embargo, no hubo resultados.

Respecto a la primera empresa, Sysde de Panamá, se la contrató por 5 millones de dólares se le pagó más de 3 millones, pero la compañía no cumplió el convenio.

El viceministro Melgar señaló esa empresa necesitaba el soporte mecánico para resolver el tema del software y remitió “innumerables” a Luis Arce y Mario Guillén, pero éstos hicieron caso omiso.

Culpó a los denunciados por la pérdida de tres millones y medio de dólares para el Estado, debido a esa situación con el contrato para el software. 

“¿Quién va a devolver esa plata al Estado boliviano?”, cuestionó Melgar a tiempo de reiterar que se ha pedido la congelación de cuentas y anotación de bienes de los implicados.

En cuanto a la empresa colombiana, que después debía estar encargada de desarrollar el software, la contratación fue suspendida por el Gobierno transitorio tras identificar anomalías en el convenio que era por 10 millones de dólares.

La ampliación de la denuncia es por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, indicó Melgar.