En una reciente evaluación sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia, el experto Franco Albarracín abordó la problemática de la libertad de expresión, destacando que esta se encuentra en una situación extremadamente difícil, exacerbada por el continuo hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación. 

La declaración de Albarracín llega en un momento significativo, coincidiendo con el 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano, una jornada dedicada a la reflexión sobre el papel de la prensa en la sociedad.

El experto en derechos humanos apoyó sus observaciones en un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, que sitúa a Bolivia entre los países con menor respeto hacia la libertad de prensa, comparándola con regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela. 

"Nos encontramos en un escenario similar al de las dictaduras de Pinochet o las de los años 70 y 80", comentó Albarracín durante una entrevista concedida a Erbol. 

Señaló que la realidad boliviana es preocupante no sólo por el cierre de medios y las campañas de deslegitimación, sino también por la violencia digital que enfrentan medios y periodistas.

Además, recordó el reciente hecho donde la página web del periódico El Deber fue hackeada, ejemplo de los riesgos que corren los periodistas en el país. “Hoy en día, ser periodista en Bolivia es muy complicado, no solo por las restricciones económicas a las que se enfrentan los medios, sino por los ataques constantes en diferentes contextos”, explicó.

Albarracín también mencionó que los periodistas son frecuentemente víctimas de violencia durante las protestas, siendo atacados por ambos bandos involucrados en los conflictos. Esta realidad no solo afecta a los periodistas y medios, sino que tiene un impacto directo en la población general, limitando su derecho a recibir información libre y objetiva.

Además, compartió casos preocupantes de periodistas amenazados por el narcotráfico, quienes optan por no publicar ciertas noticias por temor a represalias. Situaciones similares ocurren cuando grupos de cooperativistas mineros intimidan a la prensa, restringiendo aún más la libre circulación de información esencial para la sociedad.

Para Albarracín, estos problemas son síntomas de una más amplia falta de institucionalidad en el país. Criticó que, en lugar de recibir protección estatal, los defensores de la libertad de prensa y del medio ambiente se ven perseguidos, tal como ha sucedido con guardaparques que enfrentaron a mineros ilegales. 

Dijo que la solución radica en el restablecimiento de la institucionalidad y el imperio de la ley, elementos clave para proteger los derechos y la libertad de expresión en Bolivia.