La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) denunció que se han registrado graves daños materiales y económicos, debido un atentado explosivo en la subestación de distribución de energía eléctrica denominada “Pairumani” ubicado en la carretera hacia Huanuni, departamento de Oruro.

La noche del viernes 14 de agosto, la Subestación de Pairumani ardió en llamas, debido a la operación de un artefacto explosivo en el interior de la instalación, según informó la empresa.

Se dañaron el trasformador de potencia de 2,5 MVA, protecciones, postes, cables y varios otros elementos, bienes que son propiedad del Estado.

“Se presume que personas ajenas perpetraron el atentado terrorista en instalaciones de la Subestación de Distribución de Energía Eléctrica”, indicó ENDE.

El transformador afectado suministra energía eléctrica principalmente a consumidores de la industria minera, como son las cooperativas Japo, Santa Fe, Morococala, así mismo a las antenas repetidoras de medios de comunicación “Negro Pabellón” y varias poblaciones del sector.

Personal técnico y cuadrillas de emergencia de ENDE se constituyeron en el lugar este sábado 15 de agosto para cuantificar los daños ocasionados. Por otro lado, también se constituyeron personal de la FELCC de Huanuni para hacer las primeras investigaciones.

Las reparaciones duraran por lo menos de tres a cuatro días de trabajo para reponer el suministro eléctrico a los clientes afectados, según Jaime Marze, Superintendente de la Distribuidora de Electricidad ENDE. 

“Este hecho afecto también de forma temporal a las subestaciones de Machacamarca, Huanuni y Bombo y para normalizar el servicio se realizaron maniobras en la línea de 69 kV”, señaló. 

Por su parte, el Gerente General de ENDE Oruro, Ángel Blacutt Sánchez, lamentó que por un hecho criminal se perjudique la producción de las cooperativas mineras y por sobre todo el normal suministro a esas poblaciones.

Finalmente, el Gerente informó que el costo del transformador aproximado es de 100.000 dólares y los costos de transporte, montaje e instalación alcanzan un estimado de 85.000 bolivianos, por lo que significa un grave daño económico a los bienes del Estado. 

También la compañía aseguradora Boliviana CIACRUZ ha estado presente para realizar sus evaluaciones, según ENDE.