Por Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

En un contexto político marcado por la intimidación y la violencia, las mujeres en Bolivia están enfrentando desafíos significativos para su participación plena en la vida política del país.

Con un total de 109 renuncias en los últimos cinco años debido a la violencia, las presiones y el acoso hacia mujeres en cargos electos, se hace evidente la urgencia de abordar este problema de manera integral y sistemática.

Durante el año 2023, el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral de Bolivia registró 50 casos denunciados de violencia política contra mujeres en el país, subrayando la persistente problemática que enfrentan en el ámbito político y la urgente necesidad de abordarla de manera decisiva.

Estas preocupantes cifras han impulsado la aprobación del "Manifiesto de Mujeres de Bolivia", donde se exigen cambios concretos y una mayor protección para las mujeres en todos los ámbitos políticos. Sin embargo, la situación actual del año 2024 sigue siendo alarmante, con un total de 18 renuncias y 19 denuncias ante el organismo electoral.

Concejalas como Marina Vallejos, del municipio de Mizque en Cochabamba, han sido testigos directos de la discriminación y violencia persistentes. Vallejos lamenta que las decisiones políticas sean monopolizadas por hombres, perpetuando así un sistema que limita la participación y el liderazgo femenino.

El Movimiento de Acción y Reacción de Trinidad, liderado por Eva Oporto, ha destacado que la violencia política no solo afecta a las mujeres en el ámbito público, sino que también se extiende al ámbito doméstico, creando un entorno hostil y peligroso.

Recientemente, mujeres concejalas, activistas y organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes del país se han unido en un llamado por la igualdad y la justicia. A través del "Manifiesto de Mujeres de Bolivia", estas líderes han levantado su voz contra la violencia de género y política, destacando los riesgos adicionales que enfrentan las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y pertenecientes a la comunidad LGBTQI+.

"Estos números subrayan la necesidad de acciones concretas y coordinadas para poner fin a la violencia política contra las mujeres en Bolivia", expresó Ana Gómez de la Organización Mujeres Por la Equidad de Género y Autonomía (MEGA).

En un país donde la participación política de las mujeres es esencial para una democracia verdaderamente inclusiva, "este llamado a la acción representa un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo para todas y todos", señaló Virginia Quispe de la organización de mujeres Sinch’i Warmis.