El oficialismo denunció “intervencionismo” del Parlamento Europeo sobre la situación de la expresidenta Jeanine Añez y afirmó que se no permitirá “intromisiones extranjeras” en asuntos internos. Mientras que desde la oposición defendieron la resolución y demandaron su cumplimiento.  

De acuerdo con el documento difundido por el órgano europeo, se “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Añez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”.

En referencia a lo aprobado por los parlamentarios, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el país “ya no es una colonia” y defendió que las decisiones que asume la Justicia en Bolivia “son soberanas, autónomas y siempre en el marco de la institucionalidad”.

“Es importante dejar en claro a algunos parlamentarios europeos que nuestro país ya no es una colonia, y que nuestras decisiones son soberanas, autónomas y siempre en el marco de la institucionalidad democrática. No permitiremos intromisiones extranjeras de ninguna naturaleza.(sic)”, se lee en una publicación en Twitter.

El Parlamento Europeo instó a que Bolivia “emprenda sin demora” cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular, con respecto a su composición, con el fin de “garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”.

El expresidente Evo Morales, mediante su cuenta en Twitter, sostuvo que con la resolución emitida se comprueba que hubo “complicidad” en los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 donde se dio renuncia forzada a la presidencia.

“Ultraderecha del Parlamento Europeo confirma con su resolución complicidad en el golpe de Estado y en clara actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y Senkata. El pueblo boliviano tiene memoria y dignidad. La justicia debe cumplir con rol constitucional (sic)”, afirmó.

Mediante un comunicado, la alianza Creemos respaldó el documento y aseguró que en Bolivia no hubo golpe de Estado en 2019 sino sucesión constitucional tras una seguidilla de renuncias de autoridades del oficialismo.

“Instamos a las autoridades del Órgano Ejecutivo, el cumplimiento de las referidas recomendaciones, con el objeto de restaurar el estado de derecho, cese la persecución política y se eviten más sanciones a nivel internacional (como las impuestas a autoridades venezolanas)”, señala el documento.

En tanto que el jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, dijo que el pronunciamiento confirma el diagnóstico sobre la “delicada situación para la democracia y el estado de derecho” que se vive en Bolivia y confirma que no hubo golpe de Estado sino sucesión constitucional.

“Debería el Gobierno concentrar todas sus energías en un escenario de reencuentro y pacificación en el país atender los grandes problemas que nos aquejan como la crisis de salud, económica, del estado de derecho, institucionalidad en lugar de estar dedicándose a la persecución política judicial que aisla a Bolivia en un contexto internacional”, dijo.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales afirmó que en Bolivia se respeta la soberanía de cada país e invitó a los todos los parlamentarios a que puedan visitar el país para verificar todas las denuncias que se dieron en 2019 y 2020 donde, dijo, hubo vulneración a los derechos humanos.

“No solamente nos enfoquemos en este momento, protegiendo a las personas, y no a las causas, las causas son grandes como las muertes de Sacaba, Senkata, exparlamentarios, entonces, lo que queremos en nuestro país que no se vulneren nuestros derechos de ninguna manera”, añadió.

Carolina Ribera, hija de la exmandataria, dijo que la declaración fue “muy clara” y aseguró que la sucesión de Añez en 2019, tras la renuncia de Morales fue constitucional.

“Todo país u organismo internacional tiene el derecho de manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un estado de derecho de un país y tiene la obligación moral e histórica de manifestarse cuando  son violentados los derechos humanos”, añadió.   

En pasados días, un grupo de legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos, emprendieron un viaje  a Estados Unidos con la misión de promover una denuncia de que existe  “persecución política” en Bolivia con los procesos que enfrentan Añez, sus exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, entre otros.