La Defensoría del Pueblo hizo pública su “preocupación extrema” ante el estado de conflictividad social y política, así como por el grado de desinstitucionalización del Estado, y espera que las próximas elecciones generales sea un tránsito a una salida democrática a la crisis, permitiendo a la población elegir a sus nuevos gobernantes.

“No podemos aportar a desinstitucionalizar más el Estado, porque las salidas no se van a canalizar a través de nuestro ordenamiento jurídico, y esa es la preocupación grande que se tiene”, advirtió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Callisaya observó el uso perverso de recursos constitucionales que generan incertidumbre sobre el proceso electoral, y exhortó al Tribunal Constitucional a resolver lo más pronto posible para devolver certidumbre a la población.

En cuanto al estado de conflictividad, hizo referencia al “Informe de 24 días” que documenta los conflictos ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado, señalando que debe servir de lección para evitar situaciones nocivas en el futuro. Según el informe, más de 200 personas fueron procesadas y 91 trasladadas a La Paz bajo un decreto supremo de 2009, contrario a la Constitución y a normas internacionales, aplicando además 115 veces el delito de terrorismo para justificar estos traslados.

El Defensor sostuvo que el origen de estos excesos se encuentra en la lucha interna del MAS-IPSP entre sus dos facciones, lo que ha afectado negativamente los derechos de la población. Advirtió también que, actualmente, se repiten escenarios de conflicto, como el caso de la Alcaldía de La Paz en torno a la tarifa del transporte urbano.

Callisaya citó como ejemplo de desinstitucionalización la continua exhibición pública de personas aprehendidas, pese a que existe una resolución de la Sala Constitucional Segunda de La Paz y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben esta práctica por vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y a la imagen.

“Una de las conclusiones a las que se ha llegado en este Informe de 24 días es que no ha habido una gestión adecuada de la conflictividad (octubre-noviembre de 2024), por una simple razón: el gobierno se ha convertido en juez y parte de un conflicto interno con trascendencia nacional. Eso es lo que está aconteciendo ahora también. Hay múltiples situaciones que se están manejando con criterios no necesariamente jurídicos”, advirtió.

El Defensor también mencionó el caso del "famoso documental" sobre el movimiento de tropas del 26 de junio, donde las aprehensiones fueron corregidas por un juez al considerarlas ilegales. Subrayó que los informes de la Defensoría coinciden con los informes del GIEI y el informe de Cohesión Social de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también advierten sobre el uso político del poder penal del Estado.

Callisaya insistió en que esta percepción debe ser corregida. “De lo contrario, vamos a tener un escenario negativo, y esa es la gran preocupación que nosotros tenemos”. Confiado en que las elecciones generales sean la vía de salida, pidió que el proceso se lleve a cabo con integridad, publicidad, transparencia y competitividad, permitiendo así que el pueblo elija libremente a sus nuevos gobernantes.