Consejeros de la Magistratura, elegidos por votación en 2017, ahora son objeto de proceso un juicio de responsabilidades, en el cual ya tienen imputación, lo cual podría derivar en su suspensión del cargo, por presuntos hechos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El diputado Amílcar Barral, quien es denunciante, informó que los consejeros de la Magistratura Gonzalo Alcón y Dolka Gómez fueron imputados en el proceso por presuntos hechos de corrupción designación de 169 jueces. 

Barral señaló que de forma ilegal se “han recaudado más de un millón de manera muy sinvergüenza” con las designaciones de jueces, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Destacó que la semana pasada, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, incluso con votos del MAS, la imputación contra los consejeros.

Aclaró que en este caso fue apartado el consejero Omar Michel, porque no estaba ejerciendo el cargo cuando se hizo la designación de los 169 jueces.

Barral estimó que, de proseguir el proceso, en dos semanas se tendría una acusación para iniciar el juicio de responsabilidades. En ese caso, la Cámara de Diputados tendría que decidir la suspensión de los consejeros involucrados.

El diputado formalizó también este jueves otra denuncia contra los consejeros. Acusó a Gonzalo Alcón de falsificar certificados de estudios y mencionó que también circula un audio en que presuntamente se implica al hermano del consejero en cobros por cargos.

También acusó a la consejera Dolka Gómez de nepotismo porque tendría a su pareja como juez y “cobrados de coimas”. 

Anteriormente, Barral se expresó pasmado porque, según afirmó, Gómez tenía sólo cuatro años de experiencia en la abogacía y pasó a ser la responsable de designar jueces.

Dijo que también se investiga a Derechos Reales, dependiente del Consejo de la Magistratura, porque se considera “uno de los más corruptos en instituciones públicas”.

El diputado del MAS, Víctor Borda, confirmó el miércoles que existen imputaciones, aunque señaló que eran contra tres consejeros. Indicó que una vez revisado el caso en el Comisión de Constitución, que actúa como juez cautelar, se seguiría con el proceso.

Explicó que una imputación formal significa que que existe indicios de que presuntamente los consejeros hubieran cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.