El diputado Gonzalo Barrientos sugirió al Ejecutivo acudir al mecanismo del decreto supremo para que tres medios de comunicación privados pasen  al Estado porque fueron adquiridos con dineros públicos y al mismo tiempo iniciar demandas al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana porque permitió utilizar recursos estatales para fines privados.

“Se han utilizado recursos públicos para la adquisición de algunos medios, por lo tanto, estos medios de comunicación llegan a ser activos del Estado boliviano y lo que tendría que hacer, el Órgano Ejecutivo, es trabajar rápidamente en una norma que puede ser un decreto supremo para tomar posesión de estos bienes que son del Estado”, declaró.

En días pasados el ministro de la Presidencia Yerko  Núñez denunció que el exministro Quintana permitió utilizar 16 millones de dólares de las cuentas de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) para la comprar la red de televisión ATB y los matutinos La Razón y Extra en operaciones que son motivo de investigación.

Palacio de Gobierno tiene previsto hacer conocer la próxima semana las conclusiones jurídicas de un equipo de abogados del Estado para ver la forma de recuperar esos dineros que llegaron país entre el 2008 y 2009 bajo el rótulo de préstamo venezolano para las obras del programa “Evo Cumple”.

El principal sospechoso identificado por el ministro Núñez es el empresario poco conocido hasta ese momento, Marcelo Hurtado, quien habría recibido dinero de la Embajada de Venezuela a través de la empresa Flaba Traiding Estrategias Comunicacionales, de donde partieron 4,5 millones  a las cuentas Grupo Prisa que tenía el paquete accionario de La Razón y Extra.

Un informe de la IUF citado por Brújula Digital   indica que 10,2 millones de dólares fueron enviados desde Flaba Traiding a las  cuentas de Jordán Silva Tugues, asistente del paraguayo-venezolano Carlos Gill para la adquisición de ATB que al final se quedó bajo control de Marcelo Hurtado.

Desde el 2009 tanto La Razón como ATB asumieron una línea poco crítica al gobierno socialista de Evo Morales y al mismo tiempo recibieron millonarios pagos por concepto de publicidad estatal.