AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

“Dios hace bendiciones y una de las comunidades más bendecidas por el agua es Quisno”, exclama Edwin Yujra, secretario general de la comunidad, mientras mira al horizonte con cierta dificultad por el humo de los incendios forestales registrados en la Amazonía, que se abrió paso por Los Yungas de La Paz, en medio de propios de la zona. Siente más que nunca el latente riesgo de la minería sobre el Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques Montañosos (APRABM) “Serranías del Mururata”. 

Las comunidades guardianas del Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques (APRABM- Serranías del Mururata) del municipio de Yanacachi en Sud Yungas del departamento de La Paz están en emergencia; el coloso natural se encuentra en riesgo debido a la actividad minera que ingresó al área a pesar de las restricciones y se teme mayor impactos con las nuevas solicitudes mineras en curso.

“Tenemos conocimiento que una empresa pretende adjudicarse la parte alta del Área Protegida, pero esperemos que no suceda eso y se respete la vida, el derecho al agua”, afirma Elizabeth Farfán, presidenta de Gestión del Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques Montañosos Serranías del Mururata.

La defensora del área protegida afirma que aunque la Alcaldía pidió incluir un acápite sobre minería al interior de las Serranías de Mururata, no está de acuerdo con ello “porque sería una ventana que aprovecharían para ingresar los mineros”.

Farfán dejó notas advirtiendo de la situación en la Defensoría del Pueblo que a su vez habría solicitado informes a la Alcaldía de Yanacachi.

“Sin embargo hice presentación de mi pedido para respetar la Ley Municipal al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y al Senado, principalmente solicitando apoyo y pronunciamiento para que no haya minería en el Área Protegida, por lo menos en toda la parte alta donde están los polígonos”, explica desde la principal plaza del pueblo.

La representante afirma estar consciente de que las actividades mineras envenenan el agua, degradan el suelo y la tierra, las mismas que no vuelven a su estado natural, salvo –dice- que estas empresas y cooperativas tengan planes de reforestación o compromiso de no dañar el medioambiente con químicos.

Sin disimular su preocupación, la oriunda de Yanacachi advierte que la parte alta de la montaña tiene bofedales, bosques productores de agua. “Estos ojos de agua son los que alimentan a las comunidades guardianas, como que han apostado a cuidar el área protegida y trabajar con actividades agrícolas y ecológicas y también con el tema de turismo”, afirma.

Sí las empresas mineras se instalan en la parte alta del área protegida, Farfán advierte que sería un gravísimo daño para todo el municipio y un gran perjuicio para quienes han emprendido la tarea de preservar las Serranías del Mururata.

Creada por ley municipal

El Área Protegida y Reserva de Agua y Bosques Serranías del Mururata, creado por Ley autonómica municipal 007/2020 del 11 de diciembre del año 2020, cuenta con una extensión de 18.320 hectáreas y tiene el objetivo principal de proteger los bosques y fuentes de abastecimiento de agua para cinco comunidades: Quisno, Mocori, Piguaya e Ilumaya.

Dicha ley municipal promulgada por el alcalde interino d  e Yanacachi, Eliseo Quispe Cáceres (MAS) el 12 de diciembre de 2020 señala en su artículo ocho que las fuentes de agua, bosques altos y zonas de recarga hídrica que se encuentran al interior del el APRABM -Serranías del Mururata “serán objeto de protección y preservación estricta, no pudiendo desarrollarse actividades de ningún tipo que puedan afectarlas y dañarlas”.

Las comunidades guardianas utilizan el agua que proviene de esta zona no solo para su consumo, sino para el riego de frutales y otras plantaciones, convirtiendo el área en una zona crucial para la calidad de vida y crecimiento económico de las comunidades aledañas.

Sin embargo, el propio Ejecutivo Municipal abrió la posibilidad de “reglamentar” la actividad minera en el Plan de Manejo del Área Protegida, según el Comité de Defensa de las Serranías del Mururata, con lo cual se estaría contradiciendo el propio espíritu de la norma por la cual fue creada la reserva natural.

“Parcialmente sobrepuesta”

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a través de su director departamental de La Paz, Álvaro Antezana admitió el 18 de abril de este año que, la solicitud de contrato administrativo minero realizado por la Empresa Minera Mufarhameleé SRL en el área denominada Morena, compuesta por 42 cuadrículas (1.050 hectáreas) “se encuentra parcialmente sobrepuesta al Área Protegida Municipal denominada Serranías del Mururata”.

En nota enviada el 18 de abril al alcalde de Yanacachi, Víctor Guillermo Fernández (MAS), con el tenor: solicitud de certificación, el Director de la AJAM Departamental, en clara posición a favor del contrato administrativo minero, le recuerda al edil que el artículo 220 de la Ley 535 de minería y metalurgia establece que “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en Áreas Protegidas y Forestales, previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica y toda vez que el citado trámite recae sobre un área sujeta a su competencia”.

Entre las prohibiciones que figuran en la ley municipal están: a) Contaminar las fuentes de agua; b) Talar bosques, realizar desmontes, quemas y chaqueos (no controlados) sin respetar la zonificación legalmente establecida, sin la debida autorización escrita de la Autoridad Municipal Competente; c) Cacería con fines deportivos en zonas no permitidas o especies amenazadas; d) Uso de pesticidas y agroquímicos no autorizados por la Autoridad Competente; e) Asentamientos ilegales y f) Verter residuos sólidos y líquidos que contaminen el paisaje.

“Solo tres de 93 mineras tiene su licencia de funcionamiento”

Desde sus oficinas instaladas en el edificio de la Alcaldía, el secretario municipal de Yanacachi, Javier Cáceres destaca que el APRABM- Serranías del Mururata figuran en el Atlas de Áreas Protegidas Municipales de Bolivia publicado el 2022 por el Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

“En el Área Protegida no debería haber actividad minera, el problema es que, como podrán ver, de acuerdo al reglamento que tienen las empresas y las cooperativas que están en Yanacachi, hay un sector afectado, debe haber una batalla para que esto sea suspendido”, señala la autoridad municipal, sin precisar si se trata de “derechos preconstituidos mineros” o solicitudes nuevas.

De acuerdo a datos con los que cuenta la Alcaldía hasta el 2023, hay 93 empresas registradas en el municipio, de las cuales solo tres tienen sus licencias en funcionamiento, dos cooperativas y el grupo International Mining Company Sociedad Anónima (IMCO) que opera hace más de 100 años en la mina Chojlla.

“El resto está en trámite, haciendo sus papeles, pero ya se encuentran trabajando y no hay quién controle, el municipio no tiene la tuición para poder ir y parar las operaciones, mientras que la AJAM no tiene la batería para hacer el control efectivo (…). Ni bien empiezan a hacer su trámite medioambiental empiezan a operar”, afirma.

Reconoce que se tiene conocimiento de la solicitud de cuadrículas mineras al interior de la reserva natural. “Pero también hay que considerar que se está trabajando el Plan de Manejo del Área Protegida y mientras se siga trabajando es una forma de frenar la minería”, afirma.

Cáceres señala que de la reglamentación saldrán necesidades de las comunidades, y por la importancia del área seguramente se pedirá que no haya minería en el área protegida por que es una amenaza.

Denuncia que además el municipio no tiene cómo controlar las regalías mineras, ya que no se hizo consultas a la población y no cuentan con mecanismos para saber cuánto de mineral se está extrayendo de la zona.

Al referirse al modus operandi de las operadoras mineras ilegales, sobre todo auríferas, afirma que estas ingresan al municipio a operar sin tener el contrato con la AJAM.

“Lo hacen de manera muy perversa porque no les interesa quién viva ahí, qué depredan, empiezan a deforestar, hacen caminos en sectores sin tomar en cuenta el entorno, hay comunidades que están siendo afectadas, van a aplanar comunidades y hay sectores que están empezando a ser afectados”, denuncia.

“La minería nos está haciendo pelear entre municipios”

Cáceres reconoce dificultades por la minería ilegal en varias comunidades, entre las que más preocupan cita los casos de Tres Marías, Pichu, Chaco, Yerbani, así como en las zonas colindantes con Coripata y Coroico. “Así es la pelea por el territorio, están haciendo pelear entre municipios hermanos por la posesión del territorio y la minería, esa es la parte mala, no se fijan lo que va a pasar, la gente es inmediatista, llegan y empiezan a escarbar todo”, afirma.

La autoridad dice que el municipio no se quedó de brazos cruzados y se quejó ante la AJAM y otras instancias del Estado pero no hubo una solución a un problema que se torna recurrente. “Varias veces hubo enfrentamientos por minería, por temas de límites nunca hemos tenido problemas antes”, señala.

Edwin Yujra, secretario general de la comunidad de Quisno se siente bendecido de vivir junto con su familia en una de las comunidades guardianas del APRABM – Serranías del Mururata, a pesar que hay que caminar al menos 45 minutos a pie desde el puente del río Takesi y casi una hora si se hace desde el camino principal de tierra que conecta a las comunidades con el pueblo principal de Yanacachi.

“Dios hace bendiciones y una de las comunidades más bendecidas por el tema del agua es Quisno, porque hay comunidades que sufren la escases de agua, pero Quisno tiene cuatro ojos de agua, uno de los ojos de agua lo utilizamos para la comunidad, es una cosa muy importante, los comunarios se sienten muy orgullosos de ser de la comunidad guardiana de bosques”, afirma, mientras mira al horizonte desde la montaña boscosa.

Sin embargo advierte que a pesar que las aguas cristalinas del río Takesi pasan por las faldas de la comunidad, éstas ya están contaminadas por la actividad en explotación de la mina Chojlla.

“Sabemos que este río viene desde el Mururata, por eso nos preocupamos, el río está contaminado por la empresa IMCO, pero esto no es recién, sino desde hace 100 años, las personas que han muerto no se han dado cuenta (…). No hemos hecho análisis todavía, pero si se da cuenta, si se baña empieza a blanquear la piel, por eso decimos que el agua está contaminado, por eso sugerimos llevar shampoo para sacarse el agua”, explica.

Como guardianas del bosque asegura que las comunidades se encuentran preocupadas porque las mineras puedan tomar el área. “No queremos que se hagan cooperativas, pero lo que más nos preocupa son los ojos de agua, el agua del río Takesi no se puede consumir. ¿Pero si se ponen cooperativas arriba qué vamos hacer?”, se pregunta.

El dirigente saca pecho al hablar de Quisno y su fauna, donde habita el oso jucumari, una especie endémica en situación de vulnerabilidad. Asegura que muchos quisieron sacarle fotografías pero no tuvieron mucha suerte.

“Cuánto hemos querido sacarle fotografías, en sí son peligrosos, están a la altura de los cerros, llegaron al río y en toda esa subida está el oso, pero Gerónimo Tintaya si se encontró con el jucumari, él tiene la fotografía (…). No solo están en Quisno, también en Chojllita, en Takesi, es un animal bonito por lo que el Gobierno Municipal lo tiene”, destaca.

Gerónimo Tintaya, secretario de Relaciones de Quisno, no coincide con la percepción de Yujra sobre la “peligrosidad” del jucumari y asegura que si no se los molesta a los osos ojos pintados, ellos no representan una amenaza.

“Jucumari, tenemos bastante en la cabecera (del área protegida) a cielo abierto, cuando vos ves sin provocar es bueno, yo las veces que me he encontrado, incluso con su cría a 20 ó 30 metros de distancia y no le he molestado y es tranquilo, se van también, si le molestaría sería agresivo”, señala el comunario que hace patrullajes en el área.

Sentado en su cuadratrak, Tintaya señala que el oso jucumari se alimenta tanto de yerbas como de carne “porque cuando criamos ganado, no vamos a ver y ya no hay un ganado, pero también es vivo, no se deja ver, se va al monte”.

Sonríe cuando habla del oso jucumari, dice que averiguó que está en extinción y que poco se hace ver con las personas porque prefiere andar por las montañas de madrugada, antes de las 8.00 de la mañana y en las tardes cuando se empieza a ocultar el sol, así como en días nublados.

“Si no tuviéramos el área protegida la minería de los cooperativistas ya hubiese sido concesionado todo el cerro porque tenemos yacimientos, como también tenemos agua, por eso hemos tomado la decisión en una asamblea de crear el área protegida, también tenemos animales, montes, plantas medicinales, en el Covid nos hemos salvado, no hemos llegado al centro de salud gracias a nuestras plantas”, asegura.

Para Gerónimo Tintaya no hay cómo vivir en paz, pero teme que los mineros empiecen a circular dinero entre la Alcaldía y la Gobernación y la AJAM y se aprueben operaciones mineras.

“Queremos vivir en paz, queremos vivir como nuestros animalitos, porque compartimos con ellos compartimos nuestros sembradíos, ellos se lo comen el 40% y nosotros el otro 60%, gracias a los animalitos, pajaritos que piden a Dios la lluvia, a Dios le dan las gracias, pero nosotros no sabemos pedir, ni agradecer”, asegura.

Justificación técnica para la creación del área protegida

La biodiversidad del APRABM-Serranías del Mururata de esta zona siempre ha sido muy abundante ya que cuenta con diferentes pisos altitudinales. Debido al crecimiento poblacional y la construcción de la red de carreteras, estos animales tuvieron que dispersarse por lo que algunos de ellos se encuentran en las serranías altas y medias.

Con la creación del área protegida se pretende la conservación integral de los componentes del ecosistema, que como emblema visible se encuentra la protección de tres especies de vertebrados: taruka o venado andino (Hipocamelusanticensis), el oso andino o jucumari (tremarctos) (Tremarctosornatus) y el llokencho (Cinclodesaricomae); además de los relictos de bosque de queñua (Polilepys sp.), especies biológicas catalogadas en peligro de extinción a nivel nacional. 

La Fundación Natura que trabaja en el municipio elaboró el “Informe Técnico y Documento de Justificación para la creación de la Reserva para la Conservación de Recursos Naturales y Culturales – Mururata.

Los objetivos de la creación del Área Protegida Las Serranías del Mururata tienen que ver con:

a) garantizar el soporte de múltiples funciones ambientales que ofrece la conservación de los ecosistemas a la sociedad, como almacenamiento de agua, mejora de la calidad vida, protección contra eventos extremos del cambio climático

b) Complementar la estrategia de conservación de los ecosistemas más importantes del país y sus funciones ambientales

c) Proteger, componentes abióticos y bióticos así como sus interacciones, que permitan mantener las funciones ambientales en el tiempo

d) Permitir el manejo sostenible de los RR.NN. por parte de las comunidades de humanas

e) Conservar el hábitat de especies de fauna en Peligro Crítico de Extinción.

Juan Vargas, coordinador para La Paz Norte de la Fundación Natura alerta que un trabajo de minería implica agua en grandes cantidades, que no solo es utilizada para la extracción del oro, sino que también el tratamiento con minerales es contaminante.

“Dentro del municipio se han identificado 22 cuencas, las cuales deberíamos trabajar una a una para ver no solo qué produce esa cuenca sino cómo revitalizarla para que produzca mejor en el futuro”, dice el especialista.

Como miembro de Natura que trabajó en coordinación con las comunidades y el Concejo Municipal para la creación del Área Protegida de Serranía de Mururata afirma que hay indicadores que alientan a cuidar la biodiversidad y el medioambiente en Yanacachi por el nivel de conservación de sus bosques y la presencia de fauna silvestre.

Se trata de un área de 18.300 hectáreas que se han logrado poner bajo protección y trabajar en la concientización a las comunidades para que pueda hacer declarado como un santuario del agua para el futuro. “Esperemos que yendo con las leyes, el Estado cumpla su parte para preservar que todo esto está hecho en base a la Ley de la Madre Tierra”, expresa.

Consultado sobre el estado de conservación de los bosques de Yanacachi, responde: “Podemos decir que todavía tenemos al oso jucumari y eso es una gran noticia, de que todavía está vivo el animalito, él nos da muchos parámetros como estudiosos de la biodiversidad de que tenemos el medioambiente para recuperarlo (…). Estamos a tiempo de decir que debemos tener más afecto y alma a las áreas de conservación de los bosques y los montes en los que nos hemos criado”, afirma.

El Área Protegida Municipal abarca cerros montañosos que van desde los 1.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y ofrece una gran variedad de fauna y flora. El estudio de Natural identifica a 82 especies de aves, 18 de mamíferos grandes y medianos, cuatro especies de anfibios, dos de reptiles, además de bosque húmedo y el de Queñua, endémico del lugar.

Comité de Aguas

Manuel Sánchez, presidente del Comité de Aguas del municipio de Yanacachi no oculta su preocupación ante la creciente minería ilegal.

“En el tema del agua es terrible, en la carretera para llegar a Yanacachi a partir de Yerbani está totalmente dañado el agua, y me refiero al río Unduavi, hay gente que está trabajando clandestinamente en el otro río porque talan árboles, imagino que están utilizando mercurio y eso es dañino, para todo el municipio y parte de Los Yungas, no estoy de acuerdo con que sigan con la minería”, expresa desde el puente del río Takesi.

Según el representante, ante la posición que tomó la AJAM a favor de la minería en la zona, se conformó el Comité de Defensa. “Estamos viendo la posibilidad de parar toda esta actividad para que no avance más. Según la gente que nos ha informado, parte de Villa Aspiazu, Mocori, Quisno, todo está comprendiendo la petición de una empresa”, dice.

Sánchez asegura que la ley no se cumple en materia de consulta previa, libre e informada a las comunidades. “Ingresan porque tienen poder económico y es muy difícil volverlos a sacarlos”, advierte.

Ante esta situación, la Fundación Pueblo con sede principal en Yanacachi ha encomendado un estudio con participación de los propios comunarios, sobre el estado de la minería en el municipio, con el propósito de establecer los lugares exactos donde se realizan las operaciones y el porcentaje de legalidad.