Guardaparques enjuiciados ratifican que sólo trataron de impedir el ingreso de maquinaria pesada para cuidar el Madidi
El guardaparque Raúl Santa Cruz del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y Marco Uzquiano, actual Presidente de la Asociación que representa a los Guardaparques (ABOLAC) ratificaron que, el pasado 30 de marzo de 2023, inútilmente intentaron impedir el ingreso de maquinaria pesada al área protegida Madidi que estaba destinada a la explotación ilegal de oro en el río Tuichi y que por ello son enjuiciados.
Ambos funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), uno asistente en persona y otro de forma virtual, junto con su abogado defensor, Rodrigo Herrera, ofrecieron una conferencia de prensa en el auditorio de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) y anunciaron que se presentarán a la audiencia oral programada para el próximo martes 20 de febrero en el Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Apolo.
Raúl Santa Cruz desde Apolo relató que el operador minero Ramiro Cuevas Echave lo amenazó e intentó agredirlo físicamente el 30 de marzo del año pasado. Se conoció que el cooperativista que lideraba la caravana de movilidades y maquinaria pesada (cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas de combustible) en uno de esos momentos ingresó a su movilidad, presumiblemente, “a buscar un arma de fuego para asesinarlo”.
Mientras que Marco Uzquiano que se encontraba a muchos kilómetros del lugar, dijo que sólo difundió el pedido de ayuda de Santa Cruz y que en el mensaje escrito no nombró a ninguna persona. Pero que, por ese motivo, también está siendo acusado de difamación y calumnia, en el proceso que se inició el año pasado en Apolo y que se fue retrasando por la inexistencia de la autoridad judicial en esa localidad.
Precedente nefasto
“Si el juicio favorecería al cooperativista minero estaríamos dejando un precedente nefasto en Bolivia, porque ya no se respetaría a los guardaparques que estarían por demás y perderían su autoridad en las áreas protegidas”, aseveró Santa Cruz.
Reconoció que los cooperativistas mineros podrían tener todo el poder (económico) para hacer circular libremente la maquinaria pesada para dedicarse a la actividad minera de forma ilegal en el Madidi. “Ellos trabajan sin cumplir las normativas ambientales, porque no tienen pozas de sedimentación y todo el uso indiscriminado de mercurio lo vierten al río y los efectos tienen consecuencias en la salud de las poblaciones que se ubican río abajo, eso se ha comprobado científicamente”, agregó.
Uzquiano considera que, si se diera un fallo en contra de ambos ya no tendrían razón de ser, no existiría el sentido de ser Guardaparque, y que lo que pretenden es amedrentar y consumar un precedente nefasto para la conservación de las áreas protegidas a través de un juicio injustificado, por lo que el Estado boliviano tendría que preguntarse si quiere o no tener áreas protegidas.
“La inexistencia de guardaparques en las áreas protegidas provocaría su desaparición, no tendría razón cumplir con su trabajo, resguardando la integridad de estos espacios territoriales con sus ecosistemas y que tienen funciones esenciales. Muchas veces tenemos que cumplir con sentar soberanía en zonas fronterizas donde ni siquiera están las Fuerzas Armadas ni la Policía, o tenemos que hacer de bomberos forestales asistiendo a las poblaciones durante las emergencias o apoyando las investigaciones científicas”, añadió. Aseguró que la máxima representación biodiversa se encuentra en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi que se constituye en el lugar con mayor biodiversidad biológica no sólo de Bolivia, sino del mundo.
La audiencia oral a la que asistirán ambos funcionarios tiene previsto desarrollarse en el Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Apolo, el 20 de febrero de 2024 a las nueve de la mañana presidida por la jueza Jhaneth Espinoza, el cooperativista minero Ramiro Cuevas Echave como parte acusadora y los abogados de ambas partes. (Cronista 21)