El Gobierno Autónomo Indígena Charagua Iyambae remitió una carta al gobernador Mario Aguilera en la que comunica su “más enfático y total rechazo” a la anunciada construcción de una carretera que unirá Roboré con la frontera paraguaya en el Hito VII porque atraviesa territorio de los últimos grupos ayoreo de en aislamiento voluntario (PIAV). 

Observan que el anuncio realizado este 9 de abril por el Gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, y el Gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, tiene como objetivo beneficiar a la producción agroganadera de ambos países para acceder al mercado brasileño y a puertos del Pacífico.

De acuerdo con una nota de prensa del Cejis, dicho proyecto no considera en absoluto la situación ambiental en la que se encuentra el Ñembi Guasu ni las acciones de gestión y defensa ambiental que vienen desarrollando desde hace años para evitar los avasallamientos, los incendios y otros graves atentados a su estabilidad social y ambiental”.

Agrega que el valor de la carretera para los sectores agroganaderos del Paraguay está plasmado en el pedido de una declaratoria de interés nacional para la carretera hacia el Hito VII, hecha en 2021, por los entonces senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa.

En ese documento, los parlamentarios paraguayos dicen: “La zona en la cual se plantea el proyecto de conexión vial y ferroviario es la de mayor crecimiento durante las últimas décadas en cuento (sic) al número de cabezas de ganado bovino, actualmente con más de 400.000 cabezas y con un potencial de superar las 1.600.000 de cabezas”.  

El gobernador Aguilera en su visita al gobernador paraguayo dijo que la construcción del proyecto carretero generará 45 mil empleos directos e indirectos, lo que significará un ingreso de Bs. 130 millones al año, (y) permitirá generar un ahorro para los transportistas de hasta 17 horas para llegar a los puertos paraguayos.

Para Miguel Vargas, director ejecutivo del CEJIS, el proyecto responde a la política de ampliación de la frontera agropecuaria binacional y a proyectos de infraestructura (carreteras) para permitir la vinculación transoceánica, desconociendo la problemática territorial y ambiental de la región y reflejan que el modelo de desarrollo agroindustrial cuenta con el apoyo estatal en todos sus niveles.

En criterio de Vargas, llama la atención que la gobernación de Santa Cruz, a pesar de contar con bastante información sobre el impacto de los incendios forestales en esa región y al existir las salvaguardas para proteger al pueblo indígena ayoreo, en el marco de la Constitución y la Ley 450, se apueste por la construcción de un proyecto que agudizará la crítica situación en la que se encuentra la región.

Advierten que, en caso de construirse esa plataforma en el lado boliviano, esta atravesará el área con presencia documentada de grupos ayoreos aislados que transitan entre Bolivia y Paraguay. Por información de la Central Ayorea del Oriente Boliviano (CANOB), la Unión Nativa Ayoreo del Paraguay (UNAP), el investigador Bernard Fischermann e Iniciativa Amotocodie, se sabe que en ambos países existe la presencia de segmentos del pueblo ayoreo que todavía resisten en el bosque chaqueño sin contactar con la sociedad boliviana y paraguaya.  

En 2012, el gobierno de Bolivia promulgó el Decreto Supremo 1286 por el cual se establece una franja territorial de intangibilidad de 535.000 hectáreas, la realización de un estudio técnico multisciplinario para identificar la presencia de ayoreos en situación de aislamiento voluntario y sus áreas de ocupación y tránsito, así como para determinar los mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en situación de aislamiento voluntario.

Hasta la fecha el estudio no fue realizado a pesar de las múltiples demandas de la CANOB.