El estudio “Situación de las Condiciones de Trabajo Y de los Derechos Laborales de las/os Periodistas en Bolivia”, realizado en 2023, revela que los periodistas en el país enfrentan una severa precarización de las condiciones laborales.

Según el estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en colaboración con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), los periodistas se encuentran entre los profesionales más afectados por la precarización laboral.

Durante los últimos 15 años, se ha observado un aumento en el desempleo estructural, el subempleo, la inestabilidad laboral y las condiciones precarias de trabajo del sector.

El estudio recopila información y testimonios de periodistas de todo el país, especialmente afiliados a la ANPB, quienes participaron en cinco talleres de diagnóstico y en entrevistas realizadas en los meses de septiembre y octubre de 2023.

En estas sesiones, los periodistas discutieron sobre sus trayectorias laborales, la situación actual de sus condiciones de trabajo, el ejercicio de sus derechos laborales y el panorama actual de los medios de comunicación.

Este análisis representa una primera aproximación a la problemática laboral, las condiciones de trabajo y la calidad del empleo de los periodistas, así como a los cambios económicos y organizativos en los medios de comunicación.

Reestructuración de los medios de comunicación

La reestructuración de los medios de comunicación ha sido uno de los principales factores que ha contribuido a la precarización laboral en el sector periodístico.

Las empresas se han visto obligadas a adaptarse a cambios económicos, políticos y tecnológicos, lo que ha resultado en una flexibilización de las condiciones laborales. Esto ha implicado modificaciones en los contratos, la externalización de tareas y la tercerización de servicios.

Este contexto ha generado condiciones laborales extremadamente precarias, como nuevos contratos con salarios reducidos sin bonos, sin seguro de salud y sin aportes al sistema de pensiones, entre otros aspectos. Incluso aquellos emprendimientos periodísticos personales y colectivos que se consolidaron en estos tiempos han tenido que recurrir al trabajo flexible y tercerizado para operar y subsistir.

La crisis y reestructuración de las empresas de medios se atribuye a varios factores, como los cambios en los patrones de consumo de información debido a la comunicación virtual y las redes sociales, el control político de la publicidad estatal, el cambio en el modelo de negocios de los medios y los impactos económicos de la crisis sanitaria del COVID-19. Para los periodistas significó la precarización de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos laborales.

Trabajo en condiciones de inestabilidad y sin derechos

Los periodistas han experimentado una reducción en los contratos de trabajo estables, siendo reemplazados por contratos eventuales, teletrabajo y modalidades de trabajo tercerizado, situación que ha derivado en inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de seguridad social y otros derechos laborales.

Los contratos de trabajo indefinidos o de mayor duración se redujeron ostensiblemente dando paso a contratos eventuales, a plazo fijo, al teletrabajo y a modalidades tercerizadas, como el freelance. Las consultorías por producto y los contratos de intercambio de servicios, en el caso de los periodistas “independientes”, afectan integralmente la estabilidad laboral e inciden en el deterioro de la calidad del empleo.

En el sondeo realizado por el estudio, al que respondieron 152 periodistas de los nueve departamentos del país, el 79%, entre asalariados e “independientes”, indica que trabaja bajo contratos flexibilizados y por periodos de tiempo cortos, y solamente el 21% tiene empleos estables con contratos indefinidos en condición de dependientes.

Caída drástica de ingresos y pérdida de bonos económicos

En todas las empresas periodísticas se han producido despidos y los periodistas recontratados han experimentado una drástica disminución de los ingresos laborales y la pérdida de bonos económicos.

Los salarios de los periodistas de planta se han reducido en un 40% a 50%, y se han eliminado bonos como los de antigüedad, transporte, prima anual y aguinaldo.

Los periodistas tercerizados también se enfrentan a formas y montos de pago arbitrarios, muchas veces por trabajo realizado como el pago por notas periodísticas (15 a 30 bolivianos por nota en algunas regiones, como Beni) y no regulados por la legislación laboral vigente.

Según el sondeo, el 45% de los periodistas tiene ingresos laborales inferiores al salario mínimo nacional (SMN) —de 2.362 bolivianos en 2023—, especialmente los que trabajan como freelance.

En el caso de las periodistas, el 54% dice que sus ingresos están por debajo del SMN. A su vez, el 27% tiene ingresos que oscilan entre uno y dos mínimos nacionales y apenas un 3% gana entre cinco a seis SMN. En suma, los que ganan menos de un SMN y entre uno a dos SMN (72%) tienen ingresos que están lejos de cubrir el costo de una canasta alimentaria de 6.632 bolivianos, calculada por el CEDLA para el año 2023.

Sin seguro de salud, sin jubilación y sin seguro de vida

Solamente el 28% de los periodistas señala estar afiliado a una de las cajas de salud de la seguridad, mientras que el 45% no tiene ningún seguro de salud. El 20% indica que está afiliado al Seguro Universal de Salud (SUS).

El 70% de los periodistas afirma que dejó de aportar para su jubilación y para otras prestaciones sociales debido a que sus contratos laborales indefinidos y a plazo fijo ya no contemplan este derecho, su trabajo temporal como periodista tercerizado niega este beneficio o porque su condición de “independiente” ya no le permite continuar aportando. Solamente el 30% indica que continúa aportando, aunque la mayor proporción lo hace de manera discontinua.

Casi todos los periodistas consultados en los talleres y en las entrevistas concordaron que los riesgos laborales traducidos en agresiones físicas y psicológicas se incrementaron en los últimos diez años, como resultado de la agudización de los conflictos políticos, empero, según la información del sondeo, el 91,4% no tiene un seguro de vida y están expuestos a un alto grado de inseguridad y desprotección.

Freelances: los más golpeados por la precarización laboral

Los periodistas freelance se incrementaron significativamente con la reestructuración empresarial de los medios de comunicación que apostó, y apuesta, a la tercerización y subcontratación laboral para reducir costos laborales. Son, en esencia, trabajadores asalariados temporales que venden su fuerza de trabajo a varios empleadores demandantes de producción de información y de servicios de comunicación en general, a bajo costo y sin reconocimiento de derecho laboral alguno.

Los freelances ganan por nota o artículo elaborado —generalmente montos “bajos”— o por comisión por la realización de un servicio. Es el caso de los periodistas que fueron despedidos sin el pago de sus beneficios y con trayectorias laborales meritorias, de desocupados, de aspirantes a una fuente de trabajo y de estudiantes de comunicación social sin experiencia laboral que integran en conjunto un gran ejército de trabajadores de reserva a bajo costo y sin ningún tipo de derechos laborales. Son también subempleados por trabajar menos de 35 horas en la semana y por percibir ingresos inferiores a una canasta alimentaria (en 2023, 2.778 bolivianos).

Por estas consideraciones, los freelances sintetizan la extrema precariedad laboral existente en el mercado de trabajo periodístico.

Una tarea urgente: la defensa de los derechos laborales

El periodismo en Bolivia se ha visto afectado por la precarización laboral, con menos periodistas con empleo estable y un aumento de la tercerización sin derechos, lo que conlleva a una disminución de los ingresos laborales y una pérdida de beneficios para los periodistas en el país.

Muchos de los periodistas que participaron en la investigación expresaron que, en la actualidad, se sienten “desprotegidos”, “desamparados”, “vulnerables”, sin derechos y sumidos en una gran incertidumbre, lo que plantea la urgente tarea de asumir la defensa de los derechos laborales de los periodistas.

(Nota de prensa)