Los activistas Pablo Solón y Fátima Monasterio afirmaron que el Comité Nacional de Bioseguridad debe abstenerse de evaluar nuevos eventos transgénicos como la soya HB4 debido a que consideran que viola la Constitución Política del Estado Plurinacional, la soberanía alimentaria y los Derechos de la Madre Tierra.

La posición fue fijada mediante una nota enviada a los ministerios de Estado que conforman dicho comité donde se hace referencia que el artículo 409 de la Constitución Política del Estado establece que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

En ese sentido, “cualquier actuación estatal que se realice mientras no exista la normativa que determine el marco legal para la regulación de los transgénicos en Bolivia, es un acto inconstitucional y podrá estar sujeto a las sanciones correspondientes.”, señala una nota de prensa.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) había solicitado que la soya transgénica resistente a la sequía HB4 pueda ser evaluada por el Comité de Bioseguridad Alimentaria. A fines de julio el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que se dio curso a que ingrese a la “evaluación de riesgo”.

Según los firmantes, la ley de regulación de los transgénicos debe estar en concordancia con el artículo 255, parágrafo II, numeral 8 de la carta magna que determina que la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por el principio de “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población”.

Por ello, señalan que se establece la “prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.  

Tanto Solón como Monasterio señalan que la prohibición de los transgénicos es un tema “medular de la soberanía alimentaria” que tiene como objetivo defender y crear sistemas alimentarios alternativos frente al modelo de alimentación corporativo transnacional que privatiza las semillas a través de modificaciones genéticas y las utiliza de “punta de lanza para vender sus agrotóxicos”.

Los firmantes sostienen que el camino a seguir en relación a los organismos genéticamente modificados lo establece la Ley 300, que es una ley marco que tiene preeminencia sobre otras disposiciones y que en su artículo 24, numeral 8, determina que el Estado Plurinacional debe “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados, autorizados en el país a ser determinada en norma específica”.

La carta insiste que corresponde “rechazar cualquier solicitud de evaluación de eventos transgénicos” e incluso iniciar una discusión para aprobar en la Asamblea Legislativa una ley de regulación de los Organismos Genéticamente Modificados que implemente la eliminación gradual de los mismos garantizando así la salud humana, los Derechos de la Naturaleza y la Soberanía Alimentaria.