Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) espera que el Ministerio Público informe los domicilios actuales de Evo Morales y Álvaro García Linera, para proceder con las notificaciones correspondientes e iniciar la fase preliminar de investigación por el caso Hotel Las Américas, informó el magistrado Carlos Ortega.
El Gobierno acordó vender harina a precio preferencial a los panificadores con el objetivo de intentar mantener el precio del pan de batalla a Bs 0,80 en La Paz, mientras el sector federado ya comercializa el producto a Bs 1 por unidad.
“Principalmente el conseguir que el precio del pan se mantenga (...) y estar dentro del programa Geopan, que es el programa que va a permitir que tengan esa harina al mejor precio posible de una manera directa cada horno, cada panificador”, afirmó el viceministro Gustavo Serrano tras el acuerdo con los panificadores independientes y artesanos.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, cuestionó las promesas comerciales formuladas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que no se concretaron para Bolivia.
Rodríguez recordó que, durante el gobierno de Evo Morales, Lula y Hugo Chavéz prometieron que Brasil y Venezuela comprarían todo lo que Bolivia no pudiera exportar a Estados Unidos y la Unión Europea.
El médico César Antonio Reyes Parada, exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni y especialista en otorrinolaringología, fue hallado sin vida en su domicilio en Trinidad, maniatado, amordazado y con golpes en el cuerpo. En otra habitación también encontraron a su amigo, el médico Julio Alfred, quien sobrevivió al ataque.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la Policía realiza seguimiento a otros dos policías vinculados a la investigación por presuntas irregularidades durante el operativo de captura de Sebastián Marset, luego de la detención del teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino.
Después de que el magisterio urbano realizó un paro contra la descentralización, el presidente Rodrigo Paz planteó públicamente un “gran acuerdo” a los maestros, con el objetivo de implementar medidas de superación para la educación boliviana, con modernización y el modelo 50/50, pero aclarando que no contempla la privatización.
El Gobierno calificó al brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, conocido como “Junior Trindade” y “Pablo Escobar de Goiás”, como un blanco criminal de alto valor en la región. Las autoridades lo vinculan con la estructura de Sebastián Marset y con el asesinato de un teniente de Policía en Bolivia.
“Desde el momento que lo han aprehendido a mi esposo, la Túpac Katari no ha apoyado en nada hasta la fecha. Más bien le han dado la espalda”. Así, la esposa de Vicente Salazar reclamó por el abandono que sufre el dirigente, por parte de la federación de campesinos.
Salazar fue ejecutivo de la federación de campesinos y se encuentra encarcelado desde julio, acusado por los bloqueos de más de 50 días.
Durante un ampliado en Jesús de Machaca, la mujer denunció la falta de apoyo a Salazar y, además, pidió ayuda moral y económica para afrontar su situación judicial.
Concretec tiene deudas por Bs 533 millones y reclama más de Bs 250 millones a varias alcaldías por trabajos de pavimentación de calles, según un informe de su Gerencia General. La Alcaldía de Sucre reconoce una deuda de Bs 52,2 millones, mientras que la empresa reclama alrededor de Bs 180 millones al municipio de Santa Cruz de la Sierra.
La empresa también tiene obligaciones con entidades financieras, porque recurrió a préstamos para realizar obras de pavimentación en municipios. Mientras busca cobrar por esos trabajos, debe responder por el dinero que pidió prestado.
AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES
Jimena Mercado
En medio de una profunda crisis del agua que atraviesa la Chiquitanía, donde las poblaciones compiten por el recurso hídrico con vacas y soya, como consecuencia de la pérdida de bosque y biodiversidad por la acelerada deforestación, incendios forestales recurrentes y avasallamientos de tierras, las comunidades indígenas se declararon libres de extractivismo agroindustrial y minero. Exigieron al Gobierno no seguir autorizando el avance de la frontera agrícola y extractiva.
