Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, ejecutado en el marco del Estado de Excepción vigente, logró este domingo despejar completamente la carretera La Paz–Oruro, poniendo fin a más de 50 días de bloqueos que afectaron el tránsito de personas, mercancías y combustibles en el occidente del país.
Antonio Araníbar Quiroga, una de las figuras más representativas de la lucha por la recuperación de la democracia en Bolivia, falleció la mañana de este domingo a los 84 años. Fue uno de los principales dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundador del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y desempeñó el cargo de canciller de la República durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
En medio del debate sobre la necesidad de exigir resarcimiento por los daños ocasionados durante los 51 días de bloqueo de caminos, el abogado civilista John Paul Albornoz Jiménez afirmó que existe una vía legal para exigir la reparación de perjuicios en la jurisdicción civil. Explicó que una resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda de La Paz establece un precedente que abre la posibilidad de plantear demandas de resarcimiento mediante procesos ordinarios de conocimiento.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó este domingo que más de medio centenar de cisternas con combustible ingresaron a la planta de Senkata, en El Alto, con el objetivo de programar los despachos y comenzar a regularizar el suministro en las próximas horas. La autoridad aseguró que el combustible será distribuido únicamente después de cumplir todos los controles de calidad y remarcó que “no saldrá ni una gota de gasolina contaminada”.
El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, reaccionó sorprendido por la tardía determinación de los sectores en conflicto de esperar 51 días de bloqueo para luego recién acudir al diálogo y encontrar una solución al bloqueo entre bolivianos haciendo daño a los demás.
AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES
Con carácter de urgente, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia (FEPO) mediante carta ingresada a ventanilla el 17 de junio, solicitó al presidente Rodrigo Paz, la reconducción de la resolución ministerial 069/2026 que reglamenta la adecuación de derechos mineros simplificados, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM), a fin de corregir una evidente asimetría regulatoria en relación a las cooperativas mineras.
En una sesión de madrugada este domingo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto 5636 de declaratoria de estado de excepción, con lo cual se avala la decisión del Gobierno de asumir esta medida extraordinaria para enfrentar a los bloqueos de caminos.
La aprobación se dio a pesar de que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, se había pronunciado en contra del estado de excepción, junto con parlamentarios disidentes del PDC y de Alianza Popular.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz Bartolina Sisa determinaron ingresar a un cuarto intermedio en sus movilizaciones y bloqueo de caminos, luego de realizar consultas de emergencia entre la comisión de movilización y los dirigentes de las 20 provincias del departamento. La medida se mantendrá hasta que las organizaciones realicen una nueva evaluación de la coyuntura política y social, en el marco del Estado de Excepción vigente.
El Decreto Supremo 5636, mediante el cual el presidente Rodrigo Paz declaró el Estado de Excepción por conmoción interna, establece una serie de obligaciones y restricciones de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas del país. Las disposiciones entraron en vigencia a las 02:00 de la madrugada de este sábado, tras la publicación de la norma que busca restablecer el orden público luego de 50 días de bloqueos y conflictos sociales.
El acuerdo suscrito entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, establece 29 compromisos orientados a la pacificación del país. Entre los principales puntos figuran la promesa de no privatizar empresas públicas estratégicas, no impulsar procesos de persecución política o judicial contra dirigentes sindicales, garantizar el fuero sindical, socializar con los sectores sociales los proyectos normativos antes de su envío a la Asamblea Legislativa y cumplir las ofertas planteadas durante la campaña electoral.
