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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que el Órgano Electoral alista debates simultáneos entre candidatos a gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, además de El Alto.

“Como órgano electoral vamos a realizar dos grandes debates en los dos domingos previos a la elección. El primero va a ser los debates de alcaldes que son capitales de departamento y el segundo a gobernadores”, informó Ávila desde Cochabamba.

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, informó que la entidad planteó devolver 16 millones de bolivianos en efectivo a panificadores, por saldos pendientes de la subvención a la harina correspondiente a septiembre.

“Nuestro planteamiento es hacer la devolución en efectivo. (..) Una devolución que va a ser prácticamente inmediata, una devolución que no va a ser a Conapabol o a las federaciones, si no a cada uno de los panificadores”, explicó la autoridad.

El vicepresidente Edmand Lara anunció para este viernes la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Sin embargo, el presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió que el acto no tendría efecto si antes no se aprueba una nueva ley que regule el procedimiento.

Lara señaló que la población espera explicaciones sobre la compra y control del combustible, ante denuncias por presuntos daños en motores. 

Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia abandonaron este miércoles el diálogo con el Gobierno, donde pretendían abordar soluciones al conflicto por el combustible de mala calidad que dañó vehículos.

“Ha sido falta de respeto a la confederación y al transporte la no participación del Ministro de Hidrocarburos. Eso ha sido la molestia de todos los compañeros”. Indicó el ejecutivo Lucio Gómez.

Si bien reconoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido una “institución totalmente cooptada por una anterior gestión”, el gerente de Contrataciones de la estatal, Jorge Roca, explicó que no es fácil proceder el cambio de personal y despidos, puesto que los funcionarios están bajo la Ley General del Trabajo.

Indicó que el trabajo respecto al talento humano se realiza de a poco, porque también existe personal bueno, aunque también hubo sospechas de sabotaje en la empresa estatal.

Al menos tres diputados reportaron una numerosa cantidad de vehículos de la Asamblea Legislativa que estarían en mantenimiento debido a daños presuntamente causados por la mala calidad del combustible y esperan informes oficiales.

“Hemos podido evidenciar que en el parqueo hay una gran cantidad de vehículos que no están en funcionamiento, que están varados y en mantenimiento. Tenemos entendido que son más de 30 vehículos. Vamos a esperar el informe oficial”, señaló el jefe de la bancada de APB Súmate en Diputados, Diego Brañez.

La defensa legal de Jhonny Fernández ha calificado como “arbitraria” la decisión de la Fiscalía de aprehender al alcalde de Santa Cruz y, en esa línea, cuestionó que se use un informe de hace tres años en una época electoral para endilgarle delitos.

El abogado Fabio Joffré dijo que la aprehensión tiene “razones arbitrarias, lastimosamente”.

Fernández fue aprehendido el martes, en el marco de una denuncia del concejal Manuel Saavedra sobre presunto pavimento “fantasma”. El caso se sustentó en un informe de la Contraloría.

LA REGIÓN

Rocio Lloret

Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

Un joven de 19 años falleció en Sucre tras presentar un cuadro respiratorio grave que inicialmente fue investigado como sospechoso de hantavirus y leptospirosis. El paciente había sido referido desde Monteagudo y llegó en estado crítico.

El caso evolucionó rápidamente a una neumonía grave con distrés respiratorio severo. De acuerdo con los reportes médicos, el pulmón izquierdo colapsó y el derecho funcionaba apenas al 30 %. Los pulmones estaban seriamente dañados.

Un movimiento de trabajadores inactivos realizó una protesta frente a la Asamblea Legislativa, en demanda de la devolución del 100% de sus aportes depositados en la Gestora Pública, al considerar que las actuales rentas de jubilación son “miserables” y que los recursos administrados son de carácter privado.

Los manifestantes rechazan que sus aportes sean manejados por la Gestora, porque sospechan de corrupción y que es una “caja chica” del Gobierno.