LA REGIÓN

Rocio Lloret

Cecilia Miranda lleva apenas dos meses al frente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y ya describe su gestión como “el trabajo sucio” de ordenar una institución quebrada. Desde que asumió el cargo, el 18 de diciembre pasado, la directora ejecutiva dice a La Región que ha tenido que enfrentar simultáneamente denuncias de corrupción contra exfuncionarios y exdirectores, redes delincuenciales que operan dentro de las propias áreas protegidas; un presupuesto que ella misma califica de insuficiente hasta para una gestión mínima, y una resistencia interna que —afirma— llega al punto de ocultarle información y bajarle los sistemas informáticos.

En entrevista exclusiva, Miranda habla de estos temas y responde a la polémica más reciente: el instructivo interno que regula cómo el personal del Sernap —incluidos guardaparques y jefes de protección— pueden o no difundir información institucional en sus cuentas personales de redes sociales.

El instructivo que encendió el debate

La medida generó alarma entre guardaparques y organizaciones de la sociedad civil, que interpretaron el documento como un “intento de amordazar” a quienes trabajan en el campo y son, en muchos casos, la primera fuente de información sobre incendios, toma de tierras y actividades ilícitas en zonas remotas. Miranda rechaza esa lectura.

“Lo único que quiere hacer el instructivo es ordenar el manejo de la información institucional. De ninguna manera se va a limitar que los guardaparques, directores o jefes de protección puedan dar información sobre la gestión”, afirma. Y pone un ejemplo reciente. “Hace tres días hubo incendios en (el Parque Nacional) Otuquis (Santa Cruz) y fueron los propios guardaparques los que dieron la información. Eso no ha cambiado”.

Miranda afirma que la medida responde a “ordenar el manejo de la información institucional”; lo que describió como una “guerra mediática” sostenida por sectores que se resisten a ello. “Me han bajado el sistema, me ocultan información. Hay mucha infidencia sobre información estratégica, sobre todo en lo que respecta a operativos”, señala.

La autoridad llega más lejos e identifica el origen de tales medias. “Es un grupo de gente que no quiere que se regulen las cosas internamente. Toda institución tiene sus mecanismos internos para hacer regulación y eso no contraviene ni amordaza a nadie». Añade un dato que considera relevante para entender su posición frente al tema. “Yo soy fundadora de la Asociación de Guardaparques (Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación , Abolac). Contraviene todo lo que yo soy y mis principios el que se me acuse de vulnerar sus derechos. De los 300 guardaparques, conozco personalmente a 200. Yo he sido su formadora. Hasta me dicen la mamá de los guardaparques”.

El 16 de enero pasado —cuenta— se reunió con toda la mesa directiva de la asociación y con numerosos guardaparques para abordar este y otros temas. “Pena que eso no haya salido en las redes”, lamentó. Y deja abierta la puerta al diálogo «Hay puertas abiertas”, insiste.

Una institución “totalmente desmoronada”

Más allá de la polémica por el instructivo, Miranda traza un diagnóstico brutal sobre el estado en el que recibió la institución. “Cajón que abro, irregularidades que encuentro», dice.

Desde que asumió, recibe denuncias de funcionarios antiguos y actuales de manera casi diaria. Ha iniciado auditorías sobre planes de manejo elaborados de forma irregular, y enfrenta reclamos de empresas y acreedores cuyos contratos presentan indicios de corrupción. “Ya estoy procesando funcionarios. Todo eso recae en mi autoridad y es por eso también tanta resistencia a que yo esté en la dirección”, afirma.

La directora describe una institución donde la credibilidad “está por los suelos”. “Ahorita tengo bandas instauradas tanto en la unidad central como en áreas protegidas”. Y añade que la situación se agrava por la falta de equipos técnicos: “Son 24 áreas protegidas y no tengo gente para poder llegar a todas”.

La rebaja salarial que se aplicó en la escala institucional el día anterior a su posesión complicó aún más el panorama. “Eso ha afectado mucho la posibilidad de contratar personal calificado. Yo necesito gente con experiencia y no puedo garantizar estabilidad laboral porque no tenemos recursos ni para siete meses”, reconoció.

Parque Carrasco, el más golpeado por la coca ilegal

Uno de los casos más graves que enfrenta el Sernap es el del Parque Nacional Carrasco, del cual La Región y Mongabay Latam publicaron un reportaje muy esclarecedor.

Junto al Tipnis y al Amboró son los tres espacios protegidos más afectados por la expansión de cultivos ilegales de coca. Miranda fue directa al describir la magnitud del problema. “Durante veinte años, el Parque Nacional Carrasco ha sido un espacio libre. Hay más de 300 familias asentadas en un polígono y por supuesto que no se hacía nada. Es sobre todo producción de coca excedentaria”.

Hoy, el Sernap intenta revertir esa situación a través de procesos judiciales orientados a enfrentar la toma ilegal de tierras, con intervenciones que han permitido verificar ante los jueces la presencia de tales asentamientos ilegales. “Es una zona bastante compleja, complicada y peligrosa. Hacer las intervenciones implica logística, estrategia y sobre todo garantizar la seguridad del personal”, dice Miranda.

El problema de fondo —explica— es que los guardaparques son un cuerpo organizado y disciplinado, pero desarmado, mientras que las redes delincuenciales que operan dentro de las áreas protegidas están armadas y controlan territorios. “Ni el Estado tiene control en esos espacios”, señala.

Por eso, plantea que la solución no puede venir únicamente del Sernap, sino hacer fuerza con otras instituciones como Defensa, Policía y el Ministerio de Gobierno. “Las áreas protegidas también resguardan fronteras y ahí nadie llega. Son territorios de nadie, y en 20 años imaginará los delitos y las bandas criminales que han operado ahí”, evoca.

Guardaparques: deudas, precariedad y un convenio universitario

La situación laboral de los guardaparques es otro de los frentes urgentes que heredó Miranda. Existen deudas salariales acumuladas de los años 2023, 2024 y 2025, y de los 300 guardaparques activos, solo 100 cuentan con ítems permanentes. El resto trabaja en condiciones eventuales, sin estabilidad ni equipamiento básico. “Es deplorable verlos como mendigos, que les regalen botas, que les regalen uniformes. Ha habido un mal manejo presupuestario”, denuncia.

Frente a ello, asegura que se está buscando recursos para saldar cuentas, aunque advirtió que no será inmediato. En paralelo, anuncia un convenio con la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, a través de su escuela forestal, para iniciar un programa de profesionalización de guardaparques a nivel de técnico medio, ya aprobado por esa casa de estudios. “He trabajado 30 años en la profesionalización de los guardaparques. Este programa quedó trunco y lo vamos a retomar”, promete.

Presupuesto mínimo y una apuesta por la sostenibilidad financiera

Con alrededor de 80 millones de bolivianos de presupuesto anual para gestionar 24 áreas protegidas —cifra que ella misma describió como “por debajo de lo básico”—, y con recortes adicionales que el Estado está aplicando a todas las instituciones públicas, Miranda sabe que no puede prometer soluciones inmediatas. “Decir que voy a conseguir los recursos de manera mágica sería mentir”, admite.

Su apuesta de fondo es un programa de permanencia financiera a largo plazo, que busca generar mecanismos de ingresos propios para el sistema de áreas protegidas, con el turismo como principal palanca. “Las áreas protegidas tienen potencial turístico, pero tenemos que hacer inversiones y formar a los guardaparques para ese rol. En diez años podríamos empezar a ver resultados”, proyecta.

También menciona los mercados de carbono como una oportunidad que no se puede descartar, aunque reconoció que es un camino largo y que la experiencia previa en Bolivia fue frustrante. “Con los bonos de carbono empezamos en el Parque Noel Kempff en 1996. Todo se detuvo por la visión política contraria a esos mecanismos y el único perdedor fue el parque, que hoy tiene serios problemas de narcotráfico y una gestión venida abajo”, recuerda. Actualmente se está retomando el tema de acción climática con la Fundación Amigos de la Naturaleza.

El gran dilema: conservación frente a extractivismo

Consultada sobre cómo piensa mediar entre las políticas estatales de reactivación económica —exploración petrolera y minería aurífera, entre otros— y la conservación de las áreas protegidas, Miranda no elude la tensión. “Bolivia todavía no ha entrado en la transición energética y tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles. Hay prioridades estratégicas que se determinan a nivel del Estado y hay que conciliarlas”, reconoce.

Pero deja claro cuál es el rol que le corresponde al Sernap en ese equilibrio- “Cuando las áreas protegidas sean intervenidas, el Sernap es el responsable de resguardar que no se rompan los objetivos de creación de esas áreas. El gran reto es conciliar conservación y desarrollo, pero con un manejo eficiente, con personal idóneo, con credibilidad y rompiendo las redes de corrupción”.

Para Miranda, el problema de fondo es que el Estado aún no dimensiona el valor real de las áreas protegidas. “Hay una invisibilidad del beneficio y el aporte de las áreas protegidas. Todavía son sectores reducidos los que comprenden cuál es ese aporte. El Estado mismo tiene que reconocerlo”, concluye.

Escucha la entrevista completa en nuestro podcast «Ecos de La aRegión»: