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La empresa TOYOSA anunció el lanzamiento oficial del programa “Toyota 10”, una iniciativa que introduce una garantía extendida de hasta 10 años o 200.000 kilómetros para vehículos de la marca Toyota en el mercado boliviano.

La presentación se realizó en una conferencia de prensa que contó con la participación del gerente comercial regional de Toyota Latinoamérica, Roberto Santiago Hegglin, quien destacó el alcance del programa como un nuevo estándar en servicios postventa en el país.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que presentará el presupuesto reformulado este miércoles ante la Asamblea Legislativa, que contempla un recorte de Bs 4.100 millones en gasto corriente y un monto global cercano a Bs 390.000 millones.

“Estamos asignando más de 1.000 millones de bolivianos adicionales en presupuesto para salud y educación. (...) Se reducen los gastos del gobierno central en 4.100 millones de bolivianos, eso representan gastos en viáticos, pasajes, publicidad y se transfiere esa plata a la inversión social”, afirmó la autoridad.

Esto en el marco de una Acción de Cumplimiento impulsada por los concejales entrantes, la Sala Constitucional Segunda de La Paz determinó una medida cautelar para que el Concejo Municipal saliente deje de convocar sesiones, a menos que sean para su cierre administrativo.

La decisión de la justicia constitucional se da en medio de una polémica en que concejales entrantes y el alcalde electo denunciaron intenciones de aprobar normas que comprometerían a la ciudad, a días de terminar la gestión del actual Concejo Municipal.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, alertó que el juqueo crece en Potosí, involucra a menores de edad y opera con personas armadas, lo que eleva el riesgo de violencia en regiones como el Cerro Rico y Porco.

“Están haciendo uso de menores de edad (…) se están llevando grupos armados con gases, ametralladoras y pistolas están entrando. (...) Son delincuentes que están encapuchados y están armados”, afirmó en La Tarde en Directo de ERBOL, al advertir que el problema ha escalado y ya no se trata de hechos aislados.

Un operativo antidroga ejecutado en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) permitió la intervención de una avioneta y la incautación de 540 kilos de clorhidrato de cocaína, informó este el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

La operación, denominada “Lagarto III”, fue el resultado de tareas de inteligencia que incluyeron sobrevuelos para identificar pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.

El vicepresidente Edmand Lara respondió al comandante general de la Policía, Mirko Sokol, luego de que este pusiera en duda su credibilidad ante denuncias contra la institución y recordara su historial disciplinario. Lara rechazó las declaraciones y afirmó que Sokol actúa como si aún fuera su superior.

Si bien había anunciado que llegaría a La Paz, el excandidato René Yahuasi dio por finalizada su marcha este martes en El Alto, después de siete días de movilización desde Puerto Acosta. Sin embargo, insistirá en la postulación para gobernador, esta vez con un nuevo Amparo que se ha presentado con esta finalidad ante la justicia constitucional.

El historiador, periodista y escritor Mariano Baptista Gumucio falleció a los 93 años, dejando un amplio legado. La noticia fue confirmada por el expresidente Carlos Mesa, quien lo describió como “uno de los grandes de la cultura boliviana” y destacó la profundidad de su obra intelectual.

Dirigentes de la Fejuve Norte de la ciudad de El Alto han reprochado al presidente Rodrigo Paz por la entrega de una camioneta para otro distrito de la ciudad y señalaron que existe “preferencia” del primer mandatario. Defendieron su institución y dijeron que ellos piden obras y no “pegas”.

Los pronunciamientos surgen después de que el fin de semana Paz entregó un vehículo a la Fejuve Sur de El Alto en el Distrito 8, liderada por Policarpio Acarapi.  

El investigador jurídico Esteban Sanjinés de la Fundación Tierra afirmó que las cooperativas mineras auríferas buscan debilitar las regulaciones de protección de las Áreas Protegidas de Bolivia, además pretenden transformar normas ambientales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, “sólo velan por los intereses del sector minero y lo hacen de una forma arbitraria con argumentos que son poco entendibles para el resto de la sociedad”.