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En plena cuarentena, un grupo de pobladores de la localidad de Eucaliptus, en el departamento de Oruro, protagonizaron este lunes una protesta a gritos y actitud agresiva en el centro de salud de su región.

Según publicó La Patria, los manifestantes exigieron con agresividad que se revele las identidades de las personas contagiadas con el coronavirus.

Eucaliptus cuenta hasta el domingo con 11 casos confirmados de Covid-19, y además es el segundo municipio en la tabla de Riesgo Alto emitida por el Ministerio de Salud.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231 promulgado el 7 de mayo de 2020, debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, y piden que sea eliminada.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha gestionado fondos por más de 2 millones de francos suizos para los países andinos, además de brindar asesoría técnica a la Cruz Roja Boliviana, Cruz Roja Ecuatoriana y Cruz Roja Peruana para el desarrollo de sus planes de acción en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Después de la insistencia de la parte querellante, la Fiscalía de Tarija recibió la una denuncia penal en contra de la hija de la presidenta Jeanine Añez, Carolina Ribera Añez, la diputada Ginna Torrez y su hijo Mauricio Raña, por el vuelo que realizaron en avión de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) hacia la ciudad de La Paz, informó el abogado Tamer Medina.

La denuncia es por los delitos de Uso Indebido de Bienes del Estado y Uso Indebido de Influencias.

El Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) presentó una Acción de Cumplimiento, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el objetivo de que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) sea obligada a cumplir la Ley 1294 y difiera el pago de créditos por seis meses después de terminada la cuarentena.

La polémica surgió porque la ASFI, mediante un comunicado, informó los pagos de créditos se congelaban de marzo a mayo y que desde junio se deberían volver a pagar.

En el municipio de Betanzos del departamento de Potosí, ladrones hacen de las suyas en plena cuarentena: se robaron las luminarias y los andamios de la construcción del nuevo Colegio Eduardo Abaroa.

El robo fue la noche del 8 de mayo en la zona del barrio Rosario, reportó el periodista Jorge Peñaranda para la Red nacional ERBOL.

El sargento Carlos Aliaga detalló que se sustrajeron dos luminarias y cinco andamios “completos”, de la unidad educativa en construcción.

El Decreto Supremo 4231 desató fuertes críticas de distintos sectores, puesto que advierte con proceso penal a quien difunda información que ponga en riesgo y genere incertidumbre en el ámbito de la salud pública. 

Las críticas advierten que la norma amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión, mientras que el Gobierno defendió el Decreto y dijo a los periodistas que estén tranquilos.

En tiempos de pandemia y cuarentena, muchas familias que de por sí ya vivían situaciones vulnerables por sus escasos recursos ven empeorada su situación puesto que no encuentran modos para seguir alimentándose y subsistir.

En pasados días, tras un reporte de ERBOL sobre situación de algunas familias de una comunidad de Tarata, tras lo cual periodistas, voluntarios y una entidad internacional se pronunciaron para socorrer con alimentos. 

El Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, en su reciente homilía cuestionó al Gobierno nacional de transición respecto a si está realmente interesado en proteger la vida en relación al equipamiento y prevención de la pandemia del coronavirus, así como respecto a su reciente decreto relacionado a los transgénicos.

La Defensoría del Pueblo observó que el Decreto Supremo 4232, que permite abreviar procesos de evaluación para transgénicos, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.