El Decreto Supremo 4231 desató fuertes críticas de distintos sectores, puesto que advierte con proceso penal a quien difunda información que ponga en riesgo y genere incertidumbre en el ámbito de la salud pública. 

Las críticas advierten que la norma amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión, mientras que el Gobierno defendió el Decreto y dijo a los periodistas que estén tranquilos.

Dicha norma señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El periodista y candidato presidencial, Carlos Mesa, expresó su preocupación por del Decreto 4231. Consideró que es “una limitación de un derecho fundamental: el derecho a la información que está contemplado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está contemplado en la Constitución”.

Mesa señaló que la decisión del Gobierno “es autoritaria y qué vulnera derechos constitucionales fundamentales en nuestra sociedad”.

El diputado del MAS, Édgar Montaño, dijo irónicamente que Jeanine Añez dio como “regalo” ese Decreto a los periodistas en su día, que era el 10 de mayo. Señaló que esa norma se constituye en una censura, que atenta a la libre expresión y la democracia.

El legislador sostuvo que el Decreto no tiene límites. Explicó que al mencionar en su texto “información de cualquier índole”, la norma deja a decisión de autoridades catalogar como sancionable la información que “afecta a su régimen”.

Advirtió que también la norma amenaza la libertad de expresión de escritores y artistas. Criticó que mientras no hay sanción a quienes usan vuelos oficiales como “taxis”, se pretenda penalizar a la información.

Asimismo, Marcelo Morales, ejecutivo de los trabajadores de la prensa de Tarija, manifestó que se entiende la intención de luchar contra la desinformación, pero tampoco se permitirá que se atente contra la libertad de expresión.

“El gobierno anterior ya intentó atentar contra este derecho y judicializar el ejercicio de la profesión, por tanto, los trabajadores de la prensa se declaran en alerta permanente para precautelar este derecho humano”, agregó.

El Gobierno se defiende

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, llamó a los periodistas a que estén tranquilos, porque para ellos rige la Ley de Imprenta y no el Decreto. Dijo que quienes deben estar preocupados son quienes tratan de confundir a la población y enfrentar al país, con mensajes en redes sociales.

“Tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, enfrentar, esos son los que deberían estar preocupados, los que no quieren enfrentar y dividir a los bolivianos. Los periodistas que estén tranquilos porque ellos están sometidos a la ley de Imprenta”, dijo.

Advirtió que se está malinterpretando el Decreto. Aclaró que la norma se emitió debido a que “personas que militan en partidos” están tratando de confundir a la población, en un momento que se debe cuidar la vida.