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Dos comunidades aymaras del municipio de Pucarani, en la provincia de Los Andes, acudieron a la justicia constitucional para pedir que se suspenda de forma provisional la ejecución del fallo que obliga a la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) a pagar Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA). 

Según información difundida, Asunción Catavi y Catavi interpusieron una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pidiendo que el cobro se detenga hasta que se garantice su derecho a conocer cómo podría afectar a su fuente de sustento.

FUNDACIÓN JUBILEO

En un contexto que exige medidas urgentes de protección para los sectores más empobrecidos, las limitaciones de los registros estatales ponen en duda si la ayuda económica llegará a quienes más la necesitan. Así advirtieron analistas y especialistas al señalar que la asistencia social se apoya en listas dispersas, que no permiten identificar de manera efectiva a una parte importante de la población vulnerable.

Un juez de Arica en el norte de Chile ordenó suspender por un plazo inicial de 60 días la quema de maderas pertenecientes a 23 empresas bolivianas, incautadas en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. 

La decisión judicial responde a una solicitud de las empresas afectadas.

La Policía pidió a los dos presuntos autores del robo de equipos del Instituto de Gastroenterología de La Paz que se presenten voluntariamente, luego de identificarlos mediante labores investigativas. La FELCC aseguró que continuará con el caso pese a la recuperación de parte de los objetos sustraídos.

“No por el hecho de que hayan devuelto o hayan dejado (los equipos) el caso va a cesar”, afirmó el director general de la FELCC, Celin Salas, al convocar a los sospechosos a presentarse ante la Policía.

Parte II de la serie: Maletas, Marset y Cerimedo. Las fuentes cercanas a los uniformados que realizaron el operativo, con procesos abiertos por lo captado en un nuevo video, afirman que su difusión es una represalia por la desarticulación del grupo del exfiscal general, Roger Mariaca, y una continuación de la “pugna interna” que existe entre fiscales y el Ejecutivo, en medio de la tensión que representa la alianza con el Escudo de la Américas

El presidente de la federación de empresarios paceños, Rolando Kempff, planteó una visión para el futuro de La Paz: dejar de ser sede de gobierno para convertirse en un centro de negocios, servicios y turismo.

La posición fue expresada este martes, durante el acto por el aniversario de la fundación de Nuestra Señora de La Paz.

“Nuestra visión de La Paz es que debe dejar de ser sede de gobierno, convertirnos en un gran centro de negocios, servicios tecnológicos, turismo, integración y comercial con el mundo”, dijo Kempff durante su discurso.

El presidente Rodrigo Paz firmó convenios con 85 municipios del departamento de La Paz para instalar antenas Starlink en unidades educativas fiscales, como parte del programa Aula Conectada, que busca ampliar el acceso a internet y mejorar las oportunidades de aprendizaje.

Los equipos tecnológicos que habrían sido robados del Instituto Gastroenterológico de La Paz fueron encontrados la madrugada de este martes en inmediaciones de la Estación Central de la Línea Roja del Teleférico, dentro de dos bolsas de yute. En el lugar también se halló una nota.

“Perdón, no fuimos conscientes de lo que hicimos”, señala el mensaje encontrado dentro de una de las bolsas, cuyo contenido también es parte de la investigación policial.

El exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, cuestionó la designación de nueve fiscales departamentales por parte del fiscal general interino, José Armando Urioste, al considerar que los nombramientos se realizaron al margen de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece la selección mediante concurso público, calificación y evaluación profesional.

Entrevistado en La Mañana en Directo de ERBOL, Gareca sostuvo que las designaciones se efectuaron “a dedo” y calificó esta práctica como “vedada, ilegal, inconstitucional”.