El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció este lunes que promoverá una la ley de protección para las personas que denuncien corrupción y tráfico de influencias en el Estado, y den a conocer todos los detalles de la corrupción en periodo del MAS.
El Ministerio Público investiga al exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, debido a una denuncia sobre presuntos cobros irregulares y capacitaciones a trabajadores para favorecer al MAS, informó la fiscal Edna Montoya.
Según la fiscal, la denuncia fue interpuesta por un trabajador de la empresa estatal, quien acusó a Dockweiler de hacer cobrar aportes para el partido, además de someterlos a capacitaciones como si fuesen militantes socialistas.
Montoya indicó que el caso se investiga por los delitos de uso indebido de influencias y concusión.
La hermana del ministro Arturo Murillo fue nombrada como Cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos, lo cual generó críticas de parte del MAS. El Gobierno argumentó que no es nepotismo, porque se trata de una persona capacitada y que su designación fue un acto de “humanidad” ante amenazas que había recibido.
Jacqueline Murillo Prijic, hermana del Ministro, entregó su declaración jurada ante la Contraloría el 18 de diciembre.
El Gobierno mexicano denunció que existe una “presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México”, desde el pasado 11 de noviembre.
La autoridad mexicana, en ese marco, llamó a que se respete las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el cual señala que los locales de una misión son inviolables.
El Gobierno, mediante la canciller Karen Longaric, envió notas a los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para denunciar injerencia de parte de México en asuntos internos de Bolivia.
La denuncia surge a propósito de la conducta que tuvo México de llamar a reuniones con otros países para alistar su asunción en la Presidencia Pro Témpore de Celac, a pesar de que Bolivia aún está en ese rol.
El fiscal Marcos Villa informó este lunes que la investigación por terrorismo y sedición fue ampliado contra el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, y el asambleísta departamental por el MAS, Gustavo Torrico.
En ese marco, indicó que se está notificando a ambos, Zavaleta y Torrico, para que se presenten el martes a prestar sus declaraciones respectivas.
El fiscal explicó que este caso fue iniciado en contra del exministro Juan Ramón Quintana, pero que ahora existen elementos para ampliarla a otras personas.
En medio de la polémica por la ausencia de efectivos del orden en el Trópico de Cochabamba, el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez, sostuvo que la Policía merece un proceso por abandono de funciones, puesto que nadie le expulsó de esa región.
“¿Quién ha dicho pues a la Policía que se retire? Más bien por abandono de funciones nosotros vemos que ellos merecen más bien un proceso”, dijo Rodríguez en declaraciones divulgadas por radio Kawsachun Coca.
A diferencia de los recientes procesos electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentará articular para el 2020 espacios de debates entre candidatos a la Presidencia del Estado y también a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La información fue proporcionada a ERBOL por el presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, quien destacó la importancia del debate para la toma de decisiones del votante.
“Silencio sindical”, así se llama la medida asumida por la Central Obrera Boliviana (COB) para evitar el cambio de los comités ejecutivos sindicales afines al MAS. Esta decisión fue refrendada por el Ministerio de Trabajo mediante resolución ministerial, cuyo trámite duró seis días en medio de la crisis política y social y se dictó diez días antes que Evo Morales renuncie a la presidencia del Estado.
El gobierno de Evo Morales perjudicó mucho al Departamento de La Paz, en términos de gestión de Estado con el inconcluso Pacto Fiscal, y de procedimientos con instrucciones para mantener dudosas deudas de la Gobernación o frenar proyectos de desarrollo, dijo el gobernador Felix Patzi.
Afirmó en el caso del Pacto Fiscal –por el que en julio y agosto de 2016 hizo huelga de hambre– la gestión de Morales impidió que ese proceso avance pese a que es mandato constitucional y de la Ley de Autonomías.