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La fuerza antidroga dispuso la rotación de 180 a 200 efectivos de las diferentes direcciones departamentales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

La información fue proporcionada por el coronel José Gregorio Illanes, director nacional de la FELCN, quien indicó que el objetivo de la rotación es evitar que se establezca una “familiaridad” de los efectivos con personas dedicadas al narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo investiga el posible extravío del expediente judicial sobre el caso de feminicidio de Stephanie Arias Caizana, asesinada en 2017, luego de que familiares denunciaron que estos documentos llevan desaparecidos dos años.

La mañana de este lunes personal defensorial llegó hasta el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz, acompañado de Claudia Vega, de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, para solicitar información de dicho documento.

Luego de conocerse que la Fiscalía lo sobreseyó por la denuncia de abandono de mujer embarazada, Waldo Albarracín manifestó que es momento de “dar vuelta la página”, aunque espera recibir disculpas de parte de las personas que lo acusaron y que ya no lo hostiguen políticamente.

Albarracín estaba imputado y hasta cautelado a denuncia de una mujer que lo denunció por abandonar supuestamente a una hija que habrían concebido. Sin embargo, se realizaron dos pruebas de ADN que descartaron al exrector como padre de la menor.

La Fiscalía presentó imputación formal contra el exdirector Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), coronel José María Velasco, y el exdirector Nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), Franco Arancibia, por el caso “Narcoaudios”.

Este caso se abrió a denuncia del expresidente Evo Morales, quien difundió audios en los cuales se escucha que presuntamente policías habrían recibido órdenes para retirarse de un operativo antidroga en el trópico de Cochabamba.

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, formalizó la tarde de este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que investigue presuntos vínculos con un narcotraficante del concejal cruceño Miguel Fernández, hijo de Jhonny Fernández.

Entretanto, el Alcalde cruceño tildó de “canallada” a la actitud del opositor y advirtió que deberá atenerse a las consecuencias jurídicas.

Fuente: EUROPA PRESS

Al menos seis personas han muerto y 31 han resultado heridas por disparos durante el desfile del Día de la Independencia que se celebraba en la ciudad de Highland Park, a las afueras de Chicago, en el estado de Illionis, en el noreste de Estados Unidos. El tirador no ha sido localizado.

El Juzgado de Instrucción Primero de Sacaba determinó la detención preventiva de Limbert K.O. de 30 años de edad, el chofer del vehículo donde fueron encontrados los cuerpos de tres jóvenes asesinados la semana pasada en Ivirgarzama.

La detención debe cumplirse en el penal de San Sebastián varones de Cochabamba, mientras se le investiga por el delito de asesinato.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto informó que se ha logrado capturar Miguel Q.G., quien es un exrecluso que recientemente salió de la cárcel y había reorganizado su banda criminal para cometer robos agravados.

El director regional de la FELCC, coronel Limbert Coca, indicó que la batería delincuencial fue detectada en la zona Amor de Dios, a bordo de un vehículo Subaru de color negro.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció públicamente presuntos nexo de Marco Pumari con Ruddy Sandoval Suárez, sujeto con antecedentes por narcotráfico desde 2011.

Del Castillo respondió así a declaraciones del diputado de Creemos, Erwin Bazán, quien acusó al concejal cruceño Miguel Fernández (hijo del alcalde Jhonny Fernández) de tener una amistad con Sandoval y hasta entregar donaciones facilitadas por el presunto narcotraficante.

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se declaró en emergencia por la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, la cual endurece las penas para jueces que incurran en delitos como prevaricato y consorcio.

Dicha norma fue propuesta después de casos como el de Richard Choque, quien fue dejado en libertad por un juez, a pesar de que tenía sentencia por asesinato, y volvió a cometer el delito.