La Procuraduría General del Estado anunció que dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que sufrió la revictimización en el proceso judicial respectivo.
Después de que Comunidad Ciudadana denunció que el Gobierno estaba retirando de Bolivia a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno aclaró que no expulsó a este organismo, sino ha vencido un acuerdo y ahora se busca la forma de trabajo que se implementará.
El ministro de Justicia, Iván Lima, acusó a los líderes de Comunidad Ciudadana y Creemos de haber bloqueado el juicio de responsabilidades a Jeanine Añez por el caso Senkata, por lo cual justificó haber acudido al Juez Primero Cautelar de El Alto quien decidirá si la exmandataria será procesada en la vía ordinaria en esta causa.
Anteriormente opositores y la defensa de Añez rechazaron que la Fiscalía haya abierto una investigación contra la exmandataria en la vía ordinaria, tomando en cuenta que le correspondería un juicio de responsabilidades al haber sido presidenta.
En respuesta al vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Svonko Matkovic, afirmó que el ente departamental no tiene participación para definir la situación del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
“La Asamblea Legislativa Departamental, dentro de sus atribuciones que nos da el Estatuto, nuestro reglamento, no participa de esta sucesión que es la que quieren forzar a través de amenazas, juicios y declaraciones”, sostuvo.
En audiencia de apelación de medidas cautelares, la vocal Rosmery Pabón determinó este jueves ratificar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses por el caso denominado “Golpe de Estado I”.
Para la apelación, el gobernador había pedido su libertad, mientras que los acusadores solicitaron ampliar el tiempo de privación de libertad de cuatro a seis meses.
Fuente: EUROPA PRESS
Más de 11.000 agentes de Policía se desplegarán este jueves en la capital peruana, Lima, y en Callao durante la llamada 'Toma de Lima', una gran manifestación antigubernamental para pedir la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria de nuevas elecciones.
Efectivos policiales resultaron agredidos y retenidos por parte de comunarios, quienes por la fuerza impidieron un operativo de aprehensión de dos menores de edad denunciados por violación. Ocurrió el miércoles en la carretera de El Alto hacia Copacabana.
El jefe de la fuerza anticrimen, coronel Rolando Rojas, indicó que el caso fue denunciado por los padres de un niño de tres años, que habría sido víctima de violación y se encontraba en un hospital de El Alto.
Los presuntos autores de la violación eran los primos del niño, quienes tienen 12 y 13 años de edad.
Un operativo de la Policía, Fuerzas Armadas y la Aduana nacional en Tarija terminó en un enfrentamiento contra personas dedicadas al contrabando que pretendían recuperar mercadería que había sido decomisada en un camión.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la comunidad Rancho Norte, ubicado en la carretera San Lorenzo – Tarija donde la turba pretendió recuperar un camión que fue incautado por las fuerzas del orden.
La Fiscalía de La Paz informó que se ha aprehendido a 10 jóvenes, de entre 19 a 20 años, quienes presentaron certificados falsos del Viceministerio de Deportes para optar a un cupo en la Escuela de Formación de Maestros de Educación Física.
En uno de los certificados observados, se acreditaba la participación en los Juegos Plurinacionales.
El fiscal Édgar Rojas indicó que en total se detectaron 20 certificados, en base al informe del Viceministerio de Deportes en sentido de que esa entidad no había emitido ese documento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que ha sufrido la revictimización en el proceso judicial respectivo.
La decisión se conoció mediante una sentencia del organismo que fue notificada este jueves.
Este caso se constituye en uno paradigmático respecto a los derechos humanos de Bolivia, porque marca los estándares con que se deben tratar los casos de violación y evitar la revictimización.