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El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, confirmó su asistencia al diálogo convocado por la Comité pro Santa Cruz y dijo aguardar que se encuentren soluciones al conflicto por la suplencia temporal en el cargo de Gobernador de Santa Cruz.

La reunión, prevista para la mañana de este jueves, junto con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, tiene como objetivo “realizar una análisis objetivo, identificar las consecuencias legales y resolver la situación generada por la citada norma para dar certidumbre a la ciudadanía cruceña”.      

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, consideró que en Bolivia se ha instalado un proceso dictatorial, donde el Gobierno tiene como cómplices a los magistrados que usan al poder judicial como armas.

Señaló que las autoridades judiciales prorrogadas actualmente son como los “tanques y ametralladoras” que usaban las dictaduras militares para su acción violenta.     

En la campaña por captar agentes censales voluntarios, para el estudio nacional que se realizará el 23 de marzo, el Gobierno ha dispuesto incentivos para los servidores públicos y trabajadores que se anoten para esta tarea, pero además los ministros desempeñarán esa labor para estimular al resto de los funcionarios.

La información fue proporcionada por la ministra de Trabajo, Verónica Navia, quien mostró su registró como agente censal y anunció que sus colegas del gabinete también manifestaron que se anotarán.

La reunión del ala “evista”, realizada este miércoles en Cochabamba, determinó la defensa de Evo Morales como “líder indiscutible” del MAS y su candidatura presidencial para 2025. En este marco, se anunció un ampliado nacional que se hará en el mes de febrero.

Emitieron una resolución, donde se denuncia una “triple alianza” del Gobierno, la derecha y el imperio, que recurre a tácticas de lawfare (persecución judicial) y guerra sucia contra Evo Morales.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, convocó para este jueves al vicegobernador, Mario Aguilera, y al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, a una reunión con el objetivo de encontrar una salida al conflicto por la suplencia temporal en el cargo de Gobernador de Santa Cruz.

La Gestora Pública informó que ha cerrado el 2023 con utilidades de 82 millones de bolivianos, patrimonio de 177 millones de bolivianos, una cantidad de 2,6 millones de bolivianos y un rendimiento de los fondos de pensiones de 4,08%.

“El 2023 ha sido un año positivo para la gestora. Hemos alcanzado nuestros objetivos, que el fundamental era poner en marcha tener una transición sin problemas entre el trabajo de las AFPs y la gestora”, dijo el gerente de la entidad estatal, Jaime Durán.

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, dejó en manos de la Asamblea Legislativa Departamental dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la suplencia temporal en el cargo de Gobernador.

De no dar cumplimiento a la determinación judicial, advirtió que tanto su persona como el presidente del ente departamental, Zvonko Matkovic, pueden “ir presos”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que este miércoles se han aprobado tres decretos en el gabinete: uno para reglamentar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, el segundo para incentivar la importación y comercialización de bienes de capital, y el tercero con el objetivo de establecer la cuota de utilidades que bancos deben destinar a la función social.

Debido al abandono de los abogados de unos de los procesados, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz determinó postergar para este jueves la audiencia final del juicio por el asesinato de la concejala Juana Quispe ocurrido el 12 de marzo de 2012.

Los tres abogados del exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, no asistieron a la audiencia programada para este miércoles, lo que ocasionó que no pueda desarrollarse el acto procesal con los alegatos finales y luego la lectura de la sentencia.

Luego de surgir llamados a la desobediencia civil contra los magistrados prorrogados en el cargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, parte del Ministerio de Justicia, Jorge Silva, advirtió este miércoles que eso sería un delito pasible de abrir una causa.

“Ese ya es un delito. Llamar a la desobediencia civil es un delito y, bueno, hay instancias competentes para abrir causas sobre estos temas”, dijo el Viceministro.