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El alcalde Iván Arias ha solicitado la postergación de la entrada del Gran Poder que está prevista para este sábado 14 de junio. Para ello ha enviado una nota a la Asociación de Conjuntos Folklóricos, que es la encargada de organizar el evento, sin embargo, el presidente de esta entidad, Galo Carrillo, descartó esa posibilidad.

En su carta, el alcalde argumentó que se debería suspender la entrada porque “el país vive días de luto por el asesinato de policías a manos de los seguidores del expresidente Evo Morales Ayma”.

En el inicio de la Cuarta Cumbre Multipartidaria por la Democracia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, instó la necesidad de que en las elecciones generales del 17 de agosto la población pueda acudir a las urnas en paz y tranquilidad.

Bajo un fuerte resguardo policial, la reunión comenzó cerca de las 16.00 en uno de los salones de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), con el objetivo de garantizar el desarrollo del calendario electoral.

Tras los hechos de violencia en Llallagua, la Iglesia Católica en Bolivia demandó la necesidad de que se detenga la espiral de violencia en las carreras ya que solo traerá “más dolor y división” en la población. 

A nombre de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el secretario general de la CEB, monseñor Giovani Arana, leyó un comunicado donde expresó las condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participó hoy de la sala plena del Tribunal Supremo de Electoral (TSE) y anunció el trabajo ininterrumpido del Ministerio Público durante las Elecciones Generales, de agosto de 2025, para la atención inmediata de cualquier hecho delictivo que pueda registrarse a nivel nacional.

Cuatro efectivos del orden y un civil perdieron la vida hasta el momento en medio de la violencia y enfrentamientos entre la Policía y sectores sociales “evistas” en Potosí y Cochabamba, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Las víctimas en la localidad potosina de Llallagua fueron identificadas como los subtenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola, además del sargento segundo de Bomberos Jesús Alberto Mamani Morales.

El juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, ha sido aprehendido tras ser acusado de cometer presuntos delitos al suspender la credencial de la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, abogó por la aprobación de créditos internacionales para sobrellevar la actual crisis económica. Dijo a los actuales candidatos que no mientan y reconozcan esta necesidad.

“A los candidatos, de igual manera, no les mientan, díganle la verdad, saben que en este momento la necesidad es créditos y créditos. Y ustedes lo han dicho públicamente en los diferentes medios de comunicación, la solución en este momento son créditos”, dijo Huarachi.

La mujer que fue desmembrada en la zona Periférica de La Paz fue identificada por las autoridades. Se trata de Fabiola Jaliri Chipata de 32 años. La Policía busca a los familiares para que le den cristiana sepultura y puedan coadyuvar en la investigación. 

Entre el 10 y 11 de junio, la Policía y Ministerio Público realizaron la búsqueda y en diferentes zonas como Villa El Carmen se logró encontrar los restos de la mujer que, el pasado fin de semana, se halló desde la cintura para abajo. 

Desde el norte de Potosí, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, denunció la violencia extrema de grupos organizados que atacaron y asesinaron a policías. Señaló que éstos no tienen finalidades solamente económicas y políticas, sino también relacionadas al narcotráfico.

“Las finalidades de estas muertes, de estos asesinatos, de estos grupos organizados, son políticas, económicas y, en el caso puntual de Llallagua, vinculadas al narcotráfico”, dijo Aguilera.

EUROPA PRESS

El Congreso de Perú ha aprobado en primera votación y con el apoyo mayoritario de los partidos de la derecha del arco parlamentario una ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000).