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El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz decidió que las instituciones públicas en su jurisdicción sólo podrán autorizar la movilización de un 40% de sus funcionarios, de cara a la flexibilización de la cuarentena que será desde el 1 de junio.

“Se ha decidido como COE Departamental que todas las instituciones públicas sólo pueden autorizar el trabajo para sus funcionarios en una capacidad de 40%, aunque esta decisión también será coordinada con el Ministerio de Trabajo”, dijo el gobernador Félix Patzi.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, denunció este viernes que la caravana de ambulancias enviadas a Beni, para ayudar en la lucha contra el coronavirus, sufrió acoso y amenazas al llegar a Cochabamba.

Señaló que, ante el peligro, se ha dispuesto escolta de policías y militares para proteger a la caravanava en su paso por el Trópico cochabambino.

La Ministra hizo esa denuncia a través de su cuenta de Twitter a media mañana.

Si bien el Gobierno amplió tres meses más el diferimiento en el pago de créditos para quienes adeudan menos de un millón de bolivianos a la banca, las personas que han mantenido su salario con monto fijo están excluidas de ese beneficio.

Las disposiciones se encuentran en el Decreto 4248, el cual en su artículo 2 establece un diferimiento automático de las cuotas correspondientes a junio, julio y agosto, para quienes tienen deudas de menos de un millón de boliviano. 

Tras una audiencia de 12 horas, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, recibió detención domiciliaria como medida cautelar por el caso comidas, sin embargo, el burgomaestre no recuperó su libertad puesto que pesa sobre él otra aprehensión por un caso de tenencia de arma, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

En el caso comidas, la fiscal Faridy Arnez, indicó que a criterio del juez no se comprobaron los riesgos procesales contra Leyes, por lo cual la autoridad judicial decidió la detención domiciliaria con custodios.

El Ministerio de Salud informó que el país llegó este jueves 28 de mayo a 8.387 contagios de coronavirus (COVID-19), con 619 nuevos infectados reportados en las últimas horas en siete departamentos. 

Los nuevos infectados fueron registrados en Santa Cruz (408), Beni (151), Cochabamba (43), La Paz (8), Oruro (4), Potosí (2) y Tarija (3). 

La Fiscalía en Chuquisaca inició un proceso penal en contra de Reynaldo A.M., Responsable de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Macharetí, por el delito de Atentado contra la Salud.

Según el fiscal Jorge Antonio Gómez, el funcionario procesado habría tenido conocimiento de que personas trabajaban sin medidas de bioseguridad en el Pozo Sipotindi y que tres habían dado positivo para Covid-19.

El Gobierno decidió eliminar una disposición del Decreto Supremo 181, que permitía a las empresas públicas realizar todas sus contrataciones de manera directa.

“Con esto se comienza a desmontar todo ese esquema que facilitaba la corrupción que montó el MAS”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

El Gobierno decidió este jueves, en Gabinete, ampliar por tres meses más el congelamiento en el pago de créditos para aquellas personas que tienen préstamos bancarios menores a un millón de bolivianos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, explicó que los prestatarios ya gozaban del diferimiento en las cuotas bancarias de marzo, abril y mayo, pero ahora quienes deben menos de un millón se beneficiarán del diferimiento durante junio, julio y agosto.

El Gobierno emitió este jueves un Decreto Supremo que flexibiliza la cuarentena desde junio, autorizando la circulación de personas de cinco de la mañana a seis de la tarde, sin embargo, se permite también a municipios y departamentos que asuman sus propias restricciones en el marco de la norma nacional.

En medio del escándalo surgido por el caso respiradores, la presidenta Jeanine Añez sostuvo este jueves que existe una “red de sabotaje y corrupción” que ha sido montada para perjudicar al Gobierno y ha puesto en peligro la vida de los bolivianos.