El Gobierno pedirá a Estados Unidos información sobre los ciudadanos bolivianos sancionados con restricciones de visa y anunció investigaciones a fondo, luego de que el Departamento de Estado acusara al fiscal general Roger Mariaca de presunta corrupción vinculada al narcotráfico y señalara a otros 12 bolivianos.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, pidió este lunes a Estados Unidos respetar la soberanía de Bolivia y no interferir en el trabajo de sus instituciones, tras la medida adoptada por ese país en su contra por presunta corrupción significativa.
“Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre estados, interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó Mariaca, quien sostuvo que Bolivia respeta las decisiones soberanas de otros países y espera el mismo trato hacia sus instituciones y autoridades.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló que los jueces son responsables de las resoluciones que emiten y deberán responder si se abre una investigación sobre alguna actuación, tras las sanciones de Estados Unidos contra el fiscal general Roger Mariaca y otros funcionarios bolivianos, entre ellos jueces.
El diputado Carlos Alarcón pidió que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, deje el cargo y sea sometido a una investigación independiente, luego de que Estados Unidos le vetara el ingreso a ese país por presuntos vínculos con sobornos del narcotráfico y la protección de criminales violentos.
Alarcón calificó la situación de “gravísima” para la imagen internacional de Bolivia, el Ministerio Público y la democracia.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que la Fiscalía quedó con la credibilidad “profundamente erosionada” tras la sanción de Estados Unidos al fiscal general Roger Mariaca, a quien ese país señala por presunta corrupción vinculada al narcotráfico y ayuda a delincuentes violentos.
“Al ser este un caso que involucra a la cabeza del Ministerio Público, a quien corresponde, al Congreso, al vicepresidente, a los presidentes de Cámara, a recabar la información y tomar y hacer o iniciar los procedimientos y procesos pertinentes”, sostuvo Quiroga.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de ciudadanos bolivianos, a los cuales ha sancionado a 12 ciudadanos bolivianos, además del fiscal general Roger Mariaca, con restricción de su visa y de sus familiares.
La medida se asume dentro en el marco del Escudo de las Américas, del que es parte Bolivia en alianza con el Gobierno de Donald Trump.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos de “corrupción significativa”, relacionada al narcotráfico y ayuda a delincuentes violentos.
La sanción implica restricciones para el ingreso de Mariaca y su familia a territorio estadounidense.
Según un comunicado del Gobierno estadounidense, Mariaca “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El presidente Rodrigo Paz negó que el avión presidencial haya sido utilizado con fines personales durante su viaje a Estados Unidos y anunció una investigación sobre el supuesto pago millonario por una publicación en un medio internacional.
JORGE QUISPE, SUMANDO VOCES
La ampliación del estado de excepción por otros 90 días ocurre en un momento particularmente sensible para Bolivia. La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la madrugada del jueves 17 de septiembre, apenas un día antes de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el fin de la subvención al diésel. Desde entonces, distintos sectores sociales han anunciado medidas de protesta frente al incremento de los costos y al nuevo escenario económico.
La Fiscalía de Cochabamba desestimó una denuncia presentada contra el expresidente Luis Arce Catacora por el presunto delito de abandono de menor con agravante, según informó este lunes la querellante Brenda Lafuente, quien anunció la presentación de una objeción para mantener abierto el caso.
Lafuente, quien fue funcionaria gubernamental, presentó la denuncia contra Arce, por presuntamente abandonar al hijo que procrearon juntos.
