En Santa Cruz, la Coordinadora Departamental Artístico, Musical y Entretenimiento emplazó al municipio a que permita la reactivación de sus actividades, después de casi medio año de suspensión debido a la pandemia.
El Gobierno de Bolivia, a través de su Cancillería, expresó su molestia con su par de Argentina con un comunicado en el cual se pronunció sobre la situación de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.
La Cancillería de Argentina, en su comunicado, se refirió al informe que emitió la ONU sobre el conflicto de 2019,
En el texto argentino se dice que hubo un “golpe de Estado” en Bolivia y que el informe de la ONU ratifica su convicción de que hubo “graves violaciones a los derechos humanos”.
La Misión en Bolivia de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU se pronunció este miércoles respecto a la “Ley de Arraigo”, que impulsa el MAS en la Asamblea Legislativa, y consideró que la norma transgrede los estándares internacionales de los derechos humanos.
El proyecto de ley obligaría a autoridades de los tres niveles del Estado a permanecer en el país por tres meses luego de la finalización de su mandato, con el objetivo de que rindan cuentas.
La presidenta Jeanine Añez observó la Ley del Bono Contra el Hambre y la devolvió la norma al Legislativo para su reconsideración, con la propuesta de que se apruebe otros créditos para pagar el beneficio.
La información fue proporcionada por el ministro de Economía, Óscar Ortiz, quien explicó que la observación se refiere a los fondos designados por la ley para el pago del Bono de Bs.1000.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó el Protocolo de seguridad sanitaria para las Elecciones Generales 2020, aprobado por la Sala Plena, y que establece las medidas de protección para los participantes de los comicios.
El documento identifica siete medidas generales de protección para el desarrollo de la jornada de votación:
1. Incremento de recintos electorales para descongestionar las mesas de votación y limitar las aglomeraciones, fundamentalmente en los recintos con más de 15 mesas de sufragio.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se abstuvo de prestar sus declaraciones ante las autoridades, en el proceso que se inició a denuncia de dirigentes del MAS por delitos como instigación pública a delinquir, tentativa de homicidio y otros.
“El líder cívico, haciendo uso de su derecho constitucional, se abstuvo a declarar ante el Fiscal y manifestó su predisposición ante la Justicia”, dice un informe del Comité.
El expresidente y candidato Jorge Tuto Quiroga pidió disculpas a México y Argentina, porque considera que Evo Morales incurrió en falta de decoro e indecencia, abusando del asilo que le brindaron esos países.
“A nombre de la Bolivia decente, quiero pedir disculpas a los nobles pueblos de México y Argentina”, dijo Quiroga, a tiempo de recordar que Morales estuvo en suelo mexicano y ahora se encuentra asilado en Argentina, tras su renuncia a la Presidencia.
Tras un mes de estar prófugo de la justicia , el ciudadano Juan B. de 36 de años de edad fue capturado en el departamento de Cochabamba, acusado del feminicidio de su pareja Soledad L., reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.
El feminicidio se registró el 25 de julio. Se acusa al sujeto transportista de haber acabado con la vida de la víctima atropellándola. El crimen dejó huérfanos de madre a tres hijos.
Los representantes de los artesanos de la ciudad de El Alto lamentaron este miércoles que el Estado no les está comprando productos, agravando la situación en que se encuentran debido a la pandemia.
“El Estado no nos compra ni un mondadientes”, protestó el principal dirigente del Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (Cocedal), Hector Delgado.
El representante fue enfático a la hora de pedir que el actual gobierno “atienda las necesidades del pueblo”.
El Gobierno solicitó formalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la revisión previa de dos proyectos de ley, la que autorizan el uso del dióxido de claro y la que regula la censura a ministros, con el objetivo de que se establezca si son acordes a la Constitución Política del Estado.
La ley del dióxido de cloro autorizaría el uso de ese químico para prevenir y tratar la COVID-19, mientras que la ley de censura establecería que los ministros censurados por la Asamblea no pueden volver al cargo en tres años.